Piden nulidad en causa Cromañón

Rafael Levy, el dueño del complejo República Cromañón, pidió la nulidad del juicio a punto de realizarse en su contra, luego de que en una inspección ocular -llevada a cabo el 21 de septiembre pasado en el local- se comprobó que fue violentada la clausura tras la tragedia que provocó 194 muertos el 30 de diciembre de 2004.

El escrito fue presentado ante el Tribunal Oral Criminal Nº 24, por los abogados Eduardo Gerome y Fabián Lértora, defensores de Levy, quien está a punto de afrontar un juicio oral y público como acusado de estrago doloso seguido de muerte, a raíz de la tragedia.

Lértora explicó que «el motivo de la nulidad es a raíz de que se robaron pruebas que había en el local, vitales para el juicio, lo que pudimos comprobar en una inspección, y pese a que la calle Bartolomé Mitre (donde está ubicado el local) estaba cerrada y la Policía cuidaba la clausura del lugar, no se guardó la debida cadena de custodia».

«Durante la inspección ocular, varias fueron las sorpresas con las que nos encontramos. Así, creímos que concurriríamos a un lugar clausurado, con custodia policial y -en cambio- encontramos que se trataba de un sitio donde las franjas de clausura estaban casi en su totalidad violentadas, donde se advertía a simple vista que personas -evidentemente no autorizadas- habían ingresado a lugares vedados e, incluso, donde había recintos que funcionaban como una suerte de hotel alojamiento clandestino», señala el escrito.

Días atrás, el abogado querellante y padre de una de las víctimas, José Iglesias, denunció la violación de la clausura ante el tribunal, el mismo que el año pasado condenó al ex gerenciador Omar Chabán a 20 años de prisión y absolvió a los integrantes del grupo Callejeros.

«La falta de documentación y manipulación, advertida en la inspección ocular por todos los presentes, debe ser exhaustivamente investigada», sostuvieron los abogados de Levy, quienes plantearon que «el deficiente control y preservación de la cadena de custodia del predio genera una evidente violación del debido proceso, una imposibilidad del ejercicio del derecho a defensa en juicio y la ausencia de posibilidades a intentar ejercer el derecho a una igualdad entre partes».

«Lo que se está negando en el caso de marras son las iguales oportunidades al imputado de intervenir en la prueba, ya sea para controlar su producción, como así también para contradecirla por medio de otras pruebas», añade el escrito.

«La defectuosa custodia de las instalaciones del hotel vedan a mi asistido de la posibilidad de ofrecer nuevas pruebas -como vengo diciendo, ésta es la primera oportunidad que tiene para hacerlo dado que no tuvo posibilidad de participar de las anteriores inspecciones oculares-, de aportar nuevos elementos que contradigan los seleccionados en inspecciones anteriores realizadas durante la instrucción», concluyeron los abogados.

Por último, el texto reprocha que en muchos de «los procedimientos realizados por el juzgado de instrucción, se seleccionó documentación que se encontraba dentro del hotel, la que fue utilizada para confeccionar y sostener la imputación existente en autos contra nuestro ahijado procesal».