"Aquí no hay recursos fiscales, no existe ningún recurso fiscal involucrado", aseguró ante los reclamos el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, portavoz en ejercicio del Ejecutivo.
Dávalos, según admitió ayer el propio Banco Chile, logró el préstamo en diciembre de 2013, un día después de que su madre fuera elegida presidenta, tras una reunión con el dueño de la mencionada institución financiera, Andrónico Luksic. La oposición, sacudida a su vez por un juicio por financiamiento ilegal de campañas políticas contra algunos de sus principales líderes (ver nota aparte), demandó una investigación completa del caso.
Asimismo, el conservador y opositor partido Renovación Nacional (RN) exigió la renuncia de Dávalos como director sociocultural de la presidencia, cargo ad honórem tradicionalmente ocupado por las primeras damas y que él ejerce porque su madre no tiene esposo. "Él, con la influencia que tiene y con el presupuesto que maneja, ya está demostrando que hace gestiones para sus propios negocios", reclamó el diputado RN José Manuel Edwards.
La oposición también pidió que el hijo de la presidenta haga una declaración de bienes e intereses, como realizan todos los funcionarios públicos de alto rango. Además, acotó, aunque Dávalos no tiene obligación legal, va a hacer su declaración de intereses por iniciativa personal.
Igualmente, el funcionario defendió la legalidad de la polémica operación crediticia, sellada antes que Bachelet asumiera el poder en marzo de 2014. "No porque sea el hijo de la presidenta va a estar inhibido, antes de haber entrado al Gobierno, de tener una empresa o trabajar en el mundo privado, eso no está prohibido", dijo el ministro Gómez.
Sus palabras, sin embargo, encontraron matices en el propio Gobierno, conformado por una heterogénea alianza que une desde democristianos hasta comunistas. Por ejemplo, el viceministro de Hacienda, el democristiano Sergio Micco, admitió que la situación es especial. "Sin duda alguna, no todo el mundo tiene acceso al presidente", comentó. "Lo importante acá es que ojalá todo el mundo tuviese la cancha pareja. Estamos luchando por eso en el país hoy día", agregó.
La Fundación Ciudadano Inteligente, que aboga por la transparencia política, fue más allá y demandó la renuncia de Dávalos como director sociocultural de la Presidencia. "Si bien aún no se han constatado ilegalidades, los hechos que rodean este caso atentan contra la ética que debe tener todo servidor público y los estándares de transparencia y probidad exigibles", subrayó la ONG.
Éste es el problema para el bacheletismo: el tráfico de influencias, la cancha despareja, centro del discurso de la mandataria para realizar las reformas profundas que logró aprobar en enero y que le significaron un alza en su popularidad.
Para algunos sectores del oficialismo, los negocios de Dávalos siempre terminan siendo el flanco más débil de la presidenta. El diario on line El Mostrador escribió ayer que "quienes conocen de cerca a Dávalos afirman que no le toma el peso al impacto político de estas situaciones, que considera que no son tema, porque no existe nada ilegal". "Lo mismo que sucedía con el tema de los autos Lexus -tiene tres y cada uno avaluado en 25 millones de pesos (poco más de 40 mil dólares)-, una inclinación al lujo del primogénito que no se lee bien en quien tiene, asimismo, ambiciones políticas y que siempre le ha hecho ruido a una figura con un discurso de izquierda como es Bachelet", se agregó en el diario.
Dávalos, junto con su esposa Natalia Compagnon, pidió al Banco Chile un crédito por unos diez millones de dólares para comprar 44 hectáreas rurales aprovechando que sabían que en gran parte de ellas se autorizaría la construcción de viviendas urbanas, como ellos mismos plantearon al banco en documentos ad hoc.
El matrimonio, a través de la empresa Caval, recibió el préstamo con la condición de pagarlo en una sola cuota un año después de emitido el crédito.
En el interín, Caval vendió los terrenos en 15 millones de dólares a un privado y obtuvo una ganancia de cinco millones por la operación.
| Agencias ANSA, DPA y EFE, y Ámbito Financiero |
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