5 de enero 2011 - 00:12

Polémica por la aplicación de la ley de seguridad bancaria

Mercedes Marcó del Pont
Mercedes Marcó del Pont
El robo de las cajas de seguridad del Banco Provincia derivó en un inesperado escándalo político, que se sumó al policial y a los airados reclamos por parte de los damnificados.

Sucede que desde octubre está sancionada la ley de seguridad bancaria, pero que todavía no entró en vigencia.

El diputado Gerardo Milman, del GEN, no dudó ayer en pedir la renuncia de Mercedes Marcó del Pont por haber incumplido con los deberes de funcionario público. «Si el BCRA hubiera reglamentado esta ley, como corresponde, no hubiera sucedido el robo al Banco Provincia».

Según su versión, el Central se excedió en los tiempos que se habían establecido para la reglamentación de la Ley 26.637, que establece las «medidas de seguridad mínimas que deben adoptar las entidades». El tratamiento de la ley se apuró en el Congreso tras la salidera bancaria que sufrió Carolina Píparo (embarazada, perdió a su bebé tras sufrir un asalto). Finalmente fue aprobada el 29 de septiembre y promulgada de hecho el 28 de octubre.

Plazo

El artículo 4° le dio 60 días al Central para que emita las normas reglamentarias, cumpliendo con su rol de autoridad de aplicación. Según Milman, ese plazo se cumplió el 29 de diciembre pasado.

Pero en el BCRA tienen una visión distinta: «El procedimiento administrativo indica que los 60 días son hábiles, salvo que se indique expresamente que se trata de días corridos». Siguiendo este razonamiento, recién el 27 de enero vence el plazo para la reglamentación de la ley.

Desestiman que aún habiendo dictado la reglamentación se hubiera evitado el robo. «En estos casos siempre se les da a los bancos un plazo para adecuarse y cumplir con las nuevas normas; es imposible que lo hagan de inmediato», se excusan en el BCRA.

Tesoro blindado

El artículo 2° de la ley habla específicamente de las normas mínimas relacionadas con las cajas de seguridad. Señala que las entidades deben instalar un «tesoro blindado (cemento y acero) para atesoramiento de numerario o valores de terceros o cajas de seguridad de alquiler, en subsuelo o nivel, separado de medianeras», agregando que esta instalación debe ser «a prueba de incendio y de violación por elemento mecánico o soplete oxhídrico».

Se trata de la primera normativa específica que alude a las condiciones de las cajas de seguridad. Aunque parezca insólito, hasta ahora el Central nunca había determinado este tipo de exigencias. «Sucede que las cajas de seguridad no forman parte de la intermediación financiera, es un servicio privado entre el banco y el cliente, por lo tanto hasta ahora estaba fuera de nuestra órbita», señalaron desde la institución».

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