Por reforma, ya barajan nombres para oficina clave

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 Mientras se acrecienta la confrontación entre gremios, jueces y fiscales por los efectos de la reforma procesal penal y la llegada del sistema acusatorio, el Gobierno baraja nombres e ideas para cubrir la vacante que dejó Juan Martín Mena en la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia luego de ser promovido a la SIDE, donde por estos días atiende los frentes propios de esa catedral de la clandestinidad.

Esa subsecretaría es clave de cara a las próximas contiendas que dará el oficialismo cuando llegue el momento de discutir la implementación del nuevo esquema que transfiere las atribuciones de los jueces hacia los fiscales federales. Mena colaboró en la formulación del proyecto de ley que votó el Congreso y que ahora se reglamentará en una Comisión Bicameral cuya vocación de integración por ahora no despierta el entusiasmo esperado.

El nombre de su reemplazo estará vinculado al tipo de defensa argumental que el kirchnerismo precisa. Si el requerimiento central fuera la solidez técnica, el académico Roberto Carles figura entre los ternados. Adherente a la doctrina zaffaronista, coordinó el proyecto de Reforma Penal que el Gobierno intentó llevar al Congreso en 2014, pero que luego quedó en stand-by ante la cantidad de objeciones formuladas desde la oposición y dentro del propio peronismo.

Carles tiene, además, el plus de contar con una buena llegada a Jorge Bergoglio, vínculo que se generó a partir de su amistad con José María del Corral, hombre de confianza del papa Francisco y que está al frente de Scholas Ocurrentes, uno de los proyectos más ambiciosos del jefe de la cristiandad. Esto ha llevado a Del Corral, que fue al colegio secundario con Carles, a subirse al avión presidencial para acompañar a Cristina de Kirchner a la última Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde Del Corral presentó el proyecto del Vaticano en materia educativa.

La posible designación de Carles tendría como trasfondo los recientes intercambios del papa con Eugenio Zaffaroni. Puntos de consonancia construidos a partir del proyecto de reforma penal y concretamente en la crítica al instituto de la reincidencia que en 2015 la Corte Suprema volvió a confirmar.

Otro terreno desde el cual podría surgir el reemplazo de Mena son los tribunales, opción que encuentra su sentido en la necesidad de defender la reforma "desde adentro", pero que podría ofrecer alguna situación incómoda si se considera que un juez debería requerir un pedido de licencia a la Corte. En ese caso las chances giran o hacia el Ministerio Público fiscal, puntualmente aquellos fiscales que respaldan la reforma (como es el caso de Miguel Osorio), o hacia los funcionarios de la Procuración General.

El tercer origen posible es la arena política, especialmente cuando en el kirchnerismo imaginan un funcionario que intervenga desde el plano argumental en la disputa que se llevará a cabo en el Congreso al momento de la implementación de la reforma que se discutirá en la Comisión Bicameral.

A la vez, este perfil respondería a la necesidad de encarar una negociación con los sectores opositores que pondrían trabas a una reglamentación que en el kirchnerismo querrían resolver dentro del primer semestre antes de que el fragor de la campaña reste tiempo para estos avatares estructurales.

Los tiempos que el oficialismo calcula para ese debate sirven para entender que está ganando puntos la tesis de comenzar a implementar la reforma procesal penal en el segundo semestre de este año, cuando hace dos meses se deslizaba como factible el mes de marzo en una suerte de represalia contra las últimas determinaciones de los jueces de Comodoro Py.

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