Presionada, Dilma en 24 horas clave para su futuro

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SE ESPERA PARA HOY EN BRASIL UN FALLO QUE PUEDE SUSTENTAR EL "IMPEACHMENT"

  Dilma Rousseff había respirado aliviada el fin de semana. La reforma de su gabinete, con la reducción de 39 a 31 en el número de ministerios, el despido de 3.000 agentes políticos del Estado y el recorte del 10% en el salario propio y de sus máximos colaboradores significaba una doble señal: a la sociedad brasileña, en el sentido de que la austeridad que le pide comienza por casa, y a la clase política, habida cuenta del mayor poder que dio en su nuevo elenco al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que pasará de detentar siete a ocho carteras y que actuará como fiel de la balanza cuando comience en serio la pelea por su destitución.

El lunes, cuando puso en funciones a los diez nuevos ministros, dijo: "Les recomiendo a todos mucha dedicación, porque tenemos que gobernar Brasil hasta 2018". Siempre conviene dudar de las certezas que se declaman con excesiva reiteración.

Mientras, la presidenta de Brasil inició ayer veinticuatro horas en las que se juega mucho.

Las comenzó con una dolorosa derrota parlamentaria, cuando se levantó por falta de quórum una sesión en la que se iban a examinar una serie de vetos presidenciales. Alarma en el Planalto: casi la mitad de los diputados del PMDB se ausentó del recinto. La lectura es clara: no cabe ya apostar demasiado por la lealtad de ese partido, y la base de sustentación que Dilma creía asegurada tras la reforma ministerial no es tal.

La saga debía continuar anoche, al cierre de esta edición, con una esperada decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que, se especulaba, aceptaría una demanda que apunta a la anulación de la elección de la mandataria y de su vice, Michel Temer (PMDB), por presunto abuso de poder político y económico durante la campaña electoral que les valió la reelección hace un año. De más está decir que una acción de ese tipo, contra una fórmula en ejercicio, no registra antecedentes históricos.

Por último, y más trascendente, hoy será el turno del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que, según se anticipaba ayer en Brasilia, decidiría, posiblemente por unanimidad, rechazar las cuentas públicas presentadas por el Gobierno en el ejercicio 2014. El caso debería pasar luego al Congreso, al que cabe su aceptación o rechazo final, pero una sentencia semejante supondría un golpe político fenomenal que permitiría a la oposición avanzar, con mayor sustento, en sus intentos de "impeachment".

Lo que está en juego son las ya famosas "pedaladas" fiscales, según las cuales la presidenta demoró el año pasado el giro de partidas presupuestarias a los bancos oficiales encargados de pagar planes y beneficios sociales, obligando a éstos a cubrirlos temporariamente con fondos propios. La idea es que esa "bicicleta" le permitió al Gobierno simular el mantenimiento del superávit fiscal y, de la mano de eso, usar el dinero no devengado para otros fines, supuestamente electoralistas.

Sin pruebas con las cuales incriminar a la mandataria en el escándalo de Petrobras, es este caso, el de las "pedaladas", el que centra los esfuerzos destituyentes de la oposición.

El analista político y socio de Arko Advice Thiago de Aragão le dijo telefónicamente a Ámbito Financiero desde Brasilia que "la idea de la oposición con respecto a las 'pedaladas' es que ella las conocía y deliberadamente influyó en esa política. Lo de Petrobras es distinto; allí se alega que, al tanto o no de lo que ocurría, Dilma se benefició directamente en su campaña electoral con el río de dinero desviado".

Los abogados de Dilma le dijeron que no tiene nada que temer, ya que el año fiscal sospechado corresponde a su primer mandato, y que, según la Constitución, sólo se puede avanzar en el juicio político en base a incorrecciones del mandato en curso. La oposición, sin embargo, argumenta que ese pecado de origen tiene continuidad en el actual Gobierno, producto de una campaña electoral que se dirimió justamente por el uso ilegal de fondos públicos.

Los abogados no siempre son conscientes de lo limitados que pueden resultar los argumentos legales en un juicio político. Si la posibilidad de anular un mandato en curso no registra precedentes, tampoco los tiene un rechazo semejante de las cuentas públicas.

Las "pedaladas" fueron una práctica habitual, al menos, en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, jamás se avanzó contra ellos por esa causa.

"Hay una percepción generalizada de que Dilma no es una persona corrupta, sino que es altamente incompetente, y que siempre tuvo menos poder de lo que se cree", agregó De Aragão.

Acaso en esas percepciones radique mucho de lo que ocurre hoy en Brasil.

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