Presupuesto: Corte ya mira a 2016 y reclama por deudas

Ricardo Lorenzetti y Alejandra Gils Carbó

 La Corte Suprema de Justicia remitió ayer al Ejecutivo su presupuesto para 2016. El máximo tribunal reclama 5.285 millones, lo cual implica un incremento respecto del ejercicio de este año (que es de 3.950 millones), aunque los puntos más sensibles sean otros: la Corte le vuelve a reclamar al Ejecutivo que el Tesoro le libere el remanente no utilizado de ejercicios anteriores y en paralelo apura a la Magistratura (hoy controlada por el oficialismo) para que configure su presupuesto para el año que viene. El cuerpo colegiado intentará hacer este trámite en el plenario del jueves. Históricamente el presupuesto se aprueba por unanimidad. Esa regla se pondrá a prueba.

El pedido de la Corte debe leerse entre líneas porque revive el planteo habitual de Ricardo Lorenzetti a sus interlocutores del Gobierno, que es que el Tesoro le debe dinero a la Corte porque de allí debieran provenir los fondos para afrontar los gastos de todos los tribunales creados por el Ejecutivo en el último tiempo.

La réplica desde el kirchnerismo es que es insostenible la situación actual de que mientras la Corte ostenta un fondo de ahorros la Magistratura es deficitaria. "El manejo presupuestario de la Corte no siempre está en coincidencia con la Constitución", suele deslizar Alejandra Gils Carbó. Estos conceptos son los que alientan a la línea dura del oficialismo a impulsar una reforma que reconfigure las partidas presupuestaria de la Corte y la Magistratura. El kirchnerismo por ahora ha elegido ese issue más como un mecanismo de presión y negociación que con la intención de un cambio de fondo.

Durante el fin de semana Lorenzetti tuvo una aparición ineludible en el show radial que anima Jorge Rizzo, actual hombre fuerte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El justice tuvo algunos momentos incómodos en el intercambio como cuando le preguntaron por los contratos en dólares y el nuevo Código Civil y Comercial (a lo cual respondió con una larga evasiva), o cuando incurrió en giros más cercanos al marketing, como decir que la Justicia es el resguardo de los "débiles" (como si los "fuertes" no pudieran tener la ley de su lado).

Sin embargo, el momento más destacable fue cuando Lorenzetti planteó que el Poder Judicial debería ser más eficiente y funcionar mejor. Éste es un aspecto que es cada vez más recurrente en los comentarios del presidente de la Corte. Sobre esa problemática la Corte tiene una respuesta parcial en el reclamo de la autarquía financiera del Poder Judicial. Un punto que el justice quisiera ver en la agenda de la próxima administración. Para tener en cuenta: hasta ahora, el único candidato que se pronuncia a favor de esa modificación es Sergio Massa, pero fue Daniel Scioli quien la concretó en la provincia de Buenos Aires.

En la óptica del cuarto piso, cuanto menos atribuciones de peso ostente la Magistratura mejor podría administrarse la Justicia. El cuerpo colegiado es visto como un organismo que por su composición (de fuerte prominencia del estamento político) está imposibilitado de brindar un management eficiente. Ese diagnóstico se confirma permanentemente, más aún cuando los senadores que integran el Consejo siguen preguntando cómo se envía el pliego de un juez al Congreso.

La Magistratura ha ingresado en su tramo final con asuntos más candentes que la decisiva aprobación del presupuesto. Concursos rutilantes sin resolver por falta de quórum, pedidos de juicio político contra jueces que ya han superado varios límites y puesta en marcha de nuevas instancias ya son cuestiones contra reloj.

Mientras tanto, queda inconclusa la pelea por la ley de subrogancias que el oficialismo votó en el Congreso. No ha aparecido ningún amparo contra esa norma a pesar de los reclamos activados a partir de la remoción del juez Luis Cabral. Sería difícil quebrar este presente, especialmente si se considera que el pasado jueves, en una larga tertulia para pocos la camarista en lo Contencioso Administrativo Clara Do Pico dio a entender que sería casi imposible que el fuero al cual pertenece emita un fallo contra esa norma en disputa.

Este conflicto estalló con el trasfondo de la definición de la legalidad del memorando de entendimiento firmado con Irán, un tema que parece olvidado, más aún desde que comenzó el nuevo juicio por el caso AMIA. Tal vez será lo mejor, especialmente si se habla de eficiencia judicial. Un dato: las circulares rojas de Interpol no son eternas, tienen un vencimiento. En ese sentido, el primer semestre de 2016 aguarda novedades. Y obviamente, el nuevo juicio por AMIA todavía estará en desarrollo.