PRO-gate: nadie explicó qué hacía el ex policía

El jefe de auditores del Ministerio de Educación porteño, Roberto Ayub, y la jefa de Gabinete de esta cartera, Roxana Barroso, se presentaron ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide, para declarar en la causa que investiga la intervención irregular de los celulares del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA.

Ambos confirmaron que el ex policía y abogado Ciro Gerardo James, detenido la semana pasada por este caso, trabajó en el Ministerio de Educación de la Ciudad hasta el 1 de octubre pasado, como asesor «informal» de Barroso. Ayub, quien habría conocido a James en la Universidad de La Matanza y lo habría llevado al Gobierno porteño, señaló que, si bien en un principio el abogado iba a trabajar en la auditoría, finalmente fue contratado como asesor de la jefa de Gabinete porque no había puestos en su dirección.

Barroso, por su parte, confirmó que los dos contratos con el Gobierno de la Ciudad por unos $ 57 mil que la Policía encontró en el domicilio de James durante un allanamiento el miércoles pasado correspondían al trabajo que había desempeñado como asesor para ella. Según la jefa de Gabinete de Educación, James era consultado por incompatibilidades en la ley de empleo público. Es decir, controlaba cuestiones vinculadas a los contratos de los empleados, el cumplimiento de horarios y la justificación de faltas.

Uno de los aspectos centrales de esta contratación es que James nunca firmó nada como empleado del Ministerio, ni tenía un horario establecido de trabajo, ni siquiera tenía la obligación de ir y, de acuerdo con lo afirmado por Barroso, la mayoría de las consultas se hacían por mail o por teléfono. Así, resulta complicado comprobar qué tipo de trabajo realizaba James en Educación, más allá de los testimonios de los funcionarios. Una de las hipótesis que se maneja sobre el caso es que el contrato en Educación podría haber sido una fachada que encubriría tareas de inteligencia. Esta línea de investigación apuntaría a la denuncia que inició la pesquisa de Oyarbide: el llamado anónimo que recibió Burstein, en el que le advirtieron que Jorge «Fino» Palacios lo estaba espiando. El ex jefe de la Policía porteña fue procesado hace dos semanas por el juez Ariel Lijo por la supuesta obstrucción de la investigación del atentado a la AMIA.

Barroso agregó que no sabía que su asesor era policía, si bien dijo que sabía que había renunciado a su puesto porque supuestamente iba a ocupar un cargo en la Policía Metropolitana y mantener los dos contratos era incompatible según la ley de empleo público. De hecho, en Educación se comentaba antes de que explotara el escándalo de las escuchas que James supuestamente iba a ocupar un cargo directivo en la Policía Metropolitana, de peso suficiente como para renunciar a su sueldo como policía federal y al de asesor, por el que ganaba unos $ 6 mil mensuales.

Medidas

El juzgado pidió, además, a Asuntos Internos de la Policía Federal que informara sobre posibles trabajos compartidos por James y Palacios en la Superintendencia de Investigaciones, donde ambos trabajaban hasta este año. También ordenó que se analizaran los registros de llamadas de los tres Nextel de James, secuestrados la semana pasada. A todo este material se sumará hoy una serie de medidas importantes, según adelantaron en el juzgado.

Por otro lado, ya se recibieron las copias del expediente a partir del que el Juzgado de Instrucción de Misiones ordenó las intervenciones de los celulares de Burstein y Ávila, a quien se lo escuchaba desde marzo pasado. En esta causa, que investiga a una banda de narcotraficantes y el asesinato del contador José María Piccoli, también figuran otros tres teléfonos interceptados: un número fijo del área de Ezeiza y dos pertenecientes a Capital Federal. A pesar de que ninguno de los titulares es una persona conocida públicamente, se investiga qué conexiones pueden llegar a tener con el resto de la pesquisa.

El próximo viernes, la delegación de la SIDE enviada a Misiones por Oyarbide copiaría las grabaciones investigadas, que el juez subrogante a cargo, José Luis Rey, se negó a enviar. El magistrado también podría ser llamado a declarar, ya que sus explicaciones del caso hasta el momento habrían sido bastante confusas y contradictorias. Los dos policías misioneros que pidieron las escuchas al juzgado de esa provincia y tenían contacto con James solicitaron ayer la excarcelación, pero les fue negada. Los dos fueron arrestados el jueves pasado y aseguraron que había sido el abogado y ex policía quien les dio el dato del celular de Burstein.