En medio de las altas dosis de inactividad en el Congreso, que benefician en año electoral tanto al minoritario oficialismo como a la dividida oposición, el Gobierno pidió la sanción de un proyecto votado el año pasado en Diputados para frenar la salida anticipada de presos.
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La iniciativa en cuestión fue presentada por los diputados Luis Petri (UCR-Mendoza) y Waldo Wolff (PRO-Buenos Aires), y votada por el pleno de Diputados a fines de noviembre pasado. En esa ocasión, el entonces racional massismo apoyó y el FpV -de preminencia kirchnerista- se opuso.
Tras la aprobación del texto, se dieron manifestaciones de presos en algunas cárceles en rechazo a la norma. Bullrich, quien aportó desde el Ministerio de Seguridad para la redacción del proyecto, se comunicó ayer con el líder del mayoritario PJ en el Senado, Miguel Pichetto, para buscar consenso y votos.
La próxima semana, la funcionaria se presentará para hablar de este tema junto a los presidentes de bloque. Sin embargo, ayer recibió un guiño del peronismo: el entrerriano Pedro Guastavino, titular de la Comisión de Justicia del Senado, expresó que comenzará a debatirse esa iniciativa para "limitar las excarcelaciones para los delitos graves y gravísimos, y también se va a incluir en el debate limitar las excarcelaciones en casos de violación".
Guastavino reconoció que "en 2011 se estableció un régimen complementario de reinserción", con diferentes disposiciones que "se cumplieron a medias" y disparó: "Por distintas razones, presupuestarias o lo que fuera, la Justicia no puede o no quiere avanzar en estos controles".
Por su parte, Petri señaló que el proyecto votado en Diputados "prohíbe las salidas transitorias a homicidas, a delincuentes sexuales y homicidas", y que además desactiva "la libertad condicional que se concede a los dos tercios de la condena" para "impedir la arbitrariedad de los jueces".
Durante esa sesión, el kirchnerismo -que se había destacado en el campo de las salidas de presos para actos camporistas a través del ahora disuelto "Vatayón militante"- denostó del texto. "Están echando por la borda años de tradición argentina en materia de progresividad. No sé si están buscando hacer un aporte a la 'pobreza cero' llenando las cárceles de pobres y de negros para que se autoeliminen y haya menos", manifestó en la sesión del 23 de noviembre pasado Rodolfo Tailhade (Río Negro).
Según el legislador, "con este tipo de iniciativas -ese día también se aprobó un proyecto massista para limitar el otorgamiento de libertades durante el proceso penal- estamos generando una situación insostenible desde el punto de vista penitenciario, porque tampoco hay propuestas que expliquen dónde se alojarán todos los negritos y pobres que van a meter en cana".
Tailhade dijo que "a esos negritos vamos a jorobarles la vida porque impediremos toda posibilidad de resocialización; no podrán ir a visitar cada tanto a sus familias ni planificar una nueva vida", y agregó: "Les quitaremos todo incentivo; saldrán y volverán a delinquir porque ya no tendrán todas esas instancias previas de salidas anticipadas, morigeradas o como se las quiera llamar".
La iniciativa Petri-Wolff estuvo en el temario de las sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno en diciembre pasado, abortada junto a un ramillete de proyectos por el desmadre del debate sobre Ganancias -empujado por el massismo, el camporismo y el progresismo-, desactivado por Casa Rosada en el Senado gracias al aporte del PJ -hoy responsable- y los gobernadores.
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