Promesa oficial: “No habrá control a precio de alquiler”

El polémico proyecto de ley que pretende estatizar el mercado de los alquileres quedaría finalmente archivado.

El senador Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, envió una carta a la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) en la que informó: «no es mi intención, ni la del bloque al cual represento, ni del Gobierno nacional, darle tratamiento al proyecto de ley sobre la creación de la Organización Estatal de Vivienda para Alquilar y regulación de locaciones urbanas».

La misiva fue recogida personalmente el martes pasado por el propio presidente de la CIA, Néstor Walenten.

Satisfacción

Fue después de un mes en el que la entidad que nuclea a los operadores inmobiliarios del país, se comunicara todos los días con los legisladores -y con el vicepresidente- para explicarles los problemas que generaría, y que ya provocó en el mercado, la aprobación de una norma como ésa.

Walenten manifestó a este diario la satisfacción con que el sector recibió la nota de Pichetto. «Después de tantos trabajos, encuentros y reuniones con diversos actores políticos, sociales y económicos, y en medio del debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- recibimos la nota que esperábamos. Igualmente, estaremos seguros de que no se tratará el proyecto sólo el día en que lo veamos archivado», aseguró.

La propuesta de la senadora riojana Teresita Quintela, del Frente para la Victoria, crea un órgano que fija los valores de las locaciones. Al valor del alquiler mensual se llegaría, según el proyecto, dividiendo por 150 el valor de la propiedad. Además, las renovaciones de los contratos serán automáticas, tanto para viviendas como para el sector comercial.

En líneas generales, el texto agrega trabas para un desarrollo normal del mercado inmobiliario, lo cual generó el rechazo de todo el sector. Hace un mes, representantes de la CIA, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, la Federación Inmobiliaria Argentina, la Cámara de Propietarios y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires y el de martilleros de la Provincia de Buenos Aires, se reunieron con asesores de cinco comisiones por las que debería pasar el proyecto para tener un dictamen. La posición de los inmobiliarios fue terminante. Calificaron al proyecto de abusivo, confiscatorio e inconstitucional.

Ahora, con la negativa de Pichetto, Walenten cree que tienen «el 80% de la batalla ganada».