Proponen derogar delitos que pueden usarse como mordaza

La Coalición Cívica presentó ayer un proyecto en la Cámara de Diputados que propone la derogación para toda la ciudadanía de las figuras penales de calumnias e injurias en el Código Penal. La propuesta fue impulsada por la diputada Marcela Rodríguez y se basa anulación de todas las figuras penales relacionadas con los llamados delitos «contra el honor», que en la actualidad pueden incluso implicar hasta tres años de cárcel para el imputado. El escrito, además, plantea derivar todo este tipo de demandas al fuero civil.
La iniciativa se justifica en la protección de la libertad de expresión en el fuero penal. Sin embargo, al remitir las causas al fuero civil, mantiene la amenaza de indemnización en dinero, que es tan intimidante como la sanción penal.
Según Rodríguez, «las figuras de calumnias e injurias se han convertido en una forma de censura sutil, así como la arbitraria distribución de las pautas publicitarias oficiales, entre otras medidas ya denunciadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto, en una democracia, es absolutamente inadmisible», así como señaló que éstas traen muchos problemas de interpretación jurídica, dada la ambigüedad del término «honor». La propuesta fue avalada por más de 14 legisladores, entre ellos, las diputadas oficialistas Nora César (presidente de la Comisión de Legislación Penal) y Diana Conti (vocal de la Comisión), así como Héctor Recalde (FpV), Fernanda Gil Lozano (CC), Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social), Pedro Azcoiti (UCR), Emilio García Méndez (SI-ARI), Rubén Lanceta (UCR), Fernando Sánchez (CC), Laura Sesma (PS), Norma Morandini (Memoria y Democracia) y Victoria Donda (Encuentro Popular y Social).
Puntos salientes
Entre los puntos principales del proyecto se encuentran: eliminar las disposiciones y sanciones penales por lesiones al «honor» (calumnias e injurias); derivar al fuero civil todos los conflictos que afecten la dignidad, autoestima o reputación de las personas; y agregar a las indemnizaciones de carácter pecuniario el mecanismo de retractación y de rectificación pública como formas de reparación del daño. El escrito, además, promueve aplicar la doctrina de la «Real Malicia», sostenida por la Corte Suprema, para su aplicación en sede civil. De acuerdo con esta doctrina, si se trata de asuntos públicos, los funcionarios sólo podrían exigir indemnización, rectificación o retractación, «si acreditaran que quien los ofendió obró con mala fe o manifiesta falta de diligencia».
El proyecto se basó en las observaciones que han hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONG como el CELS y la ADC. Busca, además, resolver dificultades vinculadas a la administración de la Justicia, al evitar la duplicación de un proceso que es «costoso y estéril», ya que, según destaca el escrito, la mayoría de estas demandas penales «tiene por función intimidar a críticos y periodistas» y rara vez se espera que el imputado vaya preso.
En este sentido, la diputada opositora subrayó que «la Justicia penal está lo suficientemente colapsada y debe utilizarse para aquellos casos de graves violaciones de derechos, y no para que los funcionarios intimiden a quienes los critican».