Puerto de Rosario: crece pedido de informes

Santa Fe - Legisladores provinciales y concejales electos de la ciudad de Rosario impulsaron nuevas solicitudes de información sobre el estado actual de la concesión del Puerto de Rosario, que presentó el concurso de acreedores por $ 83 millones.

Poco se sabe, en rigor, acerca de la conformación de la licencia portuaria. Embarcado en la búsqueda de mayores certezas, el diputado Marcelo Gastaldi le propuso a la Legislatura provincial la creación de una comisión bicameral que controle el funcionamiento contractual del puerto rosarino.

A decir de Gastaldi, ni el Ente Administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO) puede responder «cuál es el instrumento jurídico que avala» qué personas físicas son accionistas de las sociedades que integran Terminal Puerto Rosario (TPR) y cuáles son los porcentajes que cada uno posee.

A la Legislatura

Frente a este escenario, el titular del ENAPRO, Ángel Elías, debió brindar en las últimas horas informes en la Cámara de Diputados sobre la concesión, que se extenderá hasta 2032.

En este marco, los legisladores plantean otros interrogantes. En efecto, se preguntan qué fue lo que sucedió en TPR que, según los balances presentados por la propia empresa, en 2007 tuvo un superávit de $ 319 mil que se convirtieron en 14 millones de pérdida al año siguiente.

La caída de los números levantó la polvareda de diversas especulaciones sobre qué pudo haber ocurrido exactamente desde que el ex concesionario del puerto, Guillermo Salazar Boero, le vendió sus acciones al empresario Gustavo Shanahan, lo que le permitió pasar del 10 al 70 por ciento del paquete accionario de la terminal.

Preocupación

Por su parte, el concejal electo de la ciudad de Rosario, Héctor Cavallero, también se sumó a la cruzada que pretende recibir información acerca de la situación real del puerto y le manifestó su preocupación al intendente rosarino, Miguel Lifschitz.

«Queremos saber quiénes son los dueños actualmente de la terminal, queremos que se revisen los pliegos de la concesión para que sean respetadas sus condiciones», indicó a este diario. «También nos gustaría tener conocimiento sobre los clientes que se perdieron este último año, ya que los balances que se muestran son tan negativos que hasta terminó en concurso de acreedores este año», completó.

Según insistentes versiones en el ámbito local, el objetivo de la convocatoria sería ordenar y blanquear las cuentas de la actual administración para luego permitir el ingreso como operador de la aceitera Vicentín, instalada en el norte de Santa Fe.

Por de pronto, los más perjudicados por el concurso de TPR son la Mutual de la Sociedad Italiana y el Nuevo Banco de Santa Fe, que reúnen más de un tercio de las deudas que contrajo la compañía.