Puigdemont avisa: “Volveré a Cataluña sólo cuando tenga garantías jurídicas”

Debe responder por graves cargos: rebelión, sedición y malversación de los fondos volcados al referéndum del 1 de octubre. Enfrenta 30 años de cárcel.

Acosado. Carles Puigdemont se presentó ayer ante la prensa en Bruselas, en medio de una inusitada expectativa.

Bruselas y Madrid - La Justicia española llamó a declarar esta semana al destituido jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, pero este anticipó desde Bruselas que regresará "cuando tenga garantías jurídicas".

El tribunal de la Audiencia Nacional admitió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado español contra el líder independentista y los miembros del que fuera su gabinete al entender que actuaron "con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente".

La gran incógnita ahora es si Puigdemont acudirá a declarar como imputado a la sede del tribunal mañana y el viernes, cuando fue citado. Tampoco se sabe qué ocurrirá en caso de que no comparezca.

En tanto, cinco de los nueve exconsejeros (ministros) que lo acompañaron en su virtual huida a Bruselas anoche decidieron regresar a Barcelona en avión.

Si finalmente declara ante la Justicia, la Fiscalía podría pedir para él y para sus 13 exconsejeros medidas cautelares como la prisión preventiva, como ocurrió el 16 de octubre con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dos líderes civiles catalanes denunciados por presunta sedición. La jueza que dictó su ingreso inmediato en la cárcel es la misma que llamó a declarar ayer a Puigdemont.

Además de las citaciones, la jueza Carmen Lamela decidió imponer a los 14 querellados una fianza de 6,2 millones de euros bajo apercibimiento de embargo.

El líder catalán anunció desde en Bruselas, en una rueda de prensa que despertó una gran expectativa mediática, que no volverá a España si no tiene "garantías jurídicas" y aseguró que no pretende escapar a la acción de la Justicia sino enfrentarse a ella "políticamente".

El delito de rebelión está penado en España con hasta 30 años de prisión, mientras que el de sedición y malversación pueden suponer hasta 15 y ocho años, respectivamente.

Puigdemont aseguró que la querella de la Fiscalía "es un ejemplo de máxima beligerancia por parte del Gobierno español". "Se refiere a hechos políticos, persigue una idea y no un delito", dijo.

El viaje del líder independentista a Bélgica propició desde el lunes muchas preguntas y especulaciones. Ayer descartó pedir asilo a ese país, presuntamente porque sus sondeos al respecto resultaron fallidos, y aseguró que se trasladó a la capital de la Unión Europea para "poner de manifiesto el problema catalán" y "mostrar al mundo el grave déficit democrático que existe en el Estado español".

Desde Bruselas, Puigdemont pidió ayuda a Europa, pero las autoridades del bloque mostraron hasta ahora su respaldo al Gobierno de Rajoy en la crisis abierta por el desafío separatista catalán.

En la rueda de prensa, ofrecida en inglés, francés, español y catalán, el exjefe del Ejecutivo regional explicó que una parte del "Govern" -concretamente nueve miembros- se desplazaron a Bruselas, mientras que el resto, encabezados por el exvicepresidente Oriol Junqueras, sigue en Cataluña "haciendo la actividad política como miembros legítimos del Gobierno de Cataluña".

"No hemos abandonado nunca al Gobierno. Vamos a seguir trabajando a pesar de las limitaciones", dijo. "Estamos aquí en la legalidad y sin incumplir nada, que quede claro. No nos hemos tenido que esconder", añadió ante las preguntas.

En tanto, confirmó que reconocerá el resultado de los comicios catalanes del 21 de diciembre convocados en el marco de la intervención dictada por Madrid, a los que concurrirá su formación, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), y retó a Madrid a hacer lo mismo. "Las elecciones son un gesto democrático, no nos dan miedo. Si el Estado español ha querido hacer un plebiscito, lo vamos a aceptar", dijo.

Por otra parte, el Tribunal Supremo admitió hoy otra querella de la Fiscalía española contra la presidenta de la Cámara regional, Carme Forcadell, y contra los diputados que propiciaron el viernes en el Parlamento catalán la votación de la resolución separatista.

Agencias DPA, AFP y Reuters