Otros trece dirigentes fueron citados a la Justicia por presuntos delitos de sedición. De ser hallados culpables pueden recibir hasta 30 años de prisión.
Bruselas y Madrid - El ya ex líder catalán Carles Puigdemont seguirá en Bélgica y evitará acudir hoy a declarar en Madrid como investigado por diversos delitos vinculados a su plan soberanista, lo que podría provocar su detención y volver a disparar la tensión política y social en España.
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Así lo adelantó ayer su abogado belga, Paul Bekaert. "Mi representado esperará a ver cómo avanzan los acontecimientos", explicó citado por la televisión holandesa NOS. El letrado, conocido por haber defendido ya a miembros del grupo armado vasco ETA, intentó que Puigdemont declare por teleconferencia desde Bruselas, por el momento sin éxito.
La estrategia del defensor pasa por argumentar que España no ofrece las garantías legales necesarias para un juicio justo, como ya denunció el martes el propio Puigdemont en una conferencia de prensa en Bruselas, a donde se trasladó sorpresivamente el domingo. La misma idea presentaría Bekaert para rechazar un posible pedido de extradición por parte de España.
Un comunicado del autodenominado "Gobierno legítimo de Cataluña" y difundido por la televisión autonómica TV3 confirmó que el destituido "president" y parte de sus consejeros imputados "se quedarán en Bruselas para denunciar ante la comunidad internacional este juicio político" y no acudirán a la cita. Puigdemont y 13 miembros de su ex Gobierno están citados a declarar hoy y mañama en la Audiencia Nacional en Madrid por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación vinculados al plan soberanista que motivó el sábado la destitución de todo el "Govern" por parte del Ejecutivo central de Mariano Rajoy. Solo la rebelión está castigada con hasta 30 años de cárcel.
Si Puigdemont confirma su anuncio y no acude a declarar, la jueza Carmen Lamela puede pedir una orden de detención europea y las autoridades belgas tendrían que detenerlo, según diversos juristas y políticos citados en la prensa española. Una extradición podría durar hasta 60 días.
La jueza puede pedir también prisión preventiva (entre otras posibles medidas cautelares) para los otros citados tras escuchar su declaración, como ya hizo el 16 de octubre con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de las dos principales entidades civiles independentistas imputados por sedición y aún encarcelados.
También por rebelión, sedición y malversación están citados a declarar la presidenta del "Parlament" catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la Cámara, aunque lo harán ante el Tribunal Supremo en Madrid porque están aún aforados.
A lo largo del día, muchos de los imputados fueron confirmando que recibían la citación de la Audiencia en Madrid. Los primeros que partieron por la tarde rumbo a la capital fueron despedidos por unos 200 independentistas en la estación Sants de Barcelona entre gritos de "¡No estáis solos!".
La vía judicial abre un nuevo capítulo en la crisis que tiene en vilo a España desde hace semanas y que escaló definitivamente hace un mes con el referéndum ilegal organizado por Puigdemont el 1 de octubre. Un 90% votó a favor de la independencia, en parte porque los partidarios del "no" boicotearon la consulta.
El propio Puigdemont recordó hoy el aniversario: "Un mes del referéndum", escribió en su cuenta de Twitter. "A pesar de la violencia y las amenazas pasadas y presentes, seguimos trabajando. ¡Orgullo de pueblo!". Tras su cese, la administración en Cataluña está a cargo de Madrid hasta que se forme un nuevo Gobierno salido de las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre. En su sesión, el fiscal general del estado, José Manuel Maza, acusó a los dirigentes independentistas catalanes de haber ido alentando "un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir" la secesión.
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