¿Qué motiva al “jurista” bolivariano?

Hugo Chávez acaba de acuñar un nuevo rubro en el nomenclador de la criminología: el delito mediático. Es lo que la Asamblea Nacional venezolana tratará a partir de hoy, cuando comience el debate sobre un proyecto de ley contra delitos mediáticos presentado el jueves por la fiscal general Luisa Ortega, que cercena toda libertad de expresión y hace que cualquier ciudadano -y no sólo los periodistas- sea un criminal periodístico en potencia.

En Venezuela, el de prensa será un crimen punible con hasta cuatro años de prisión por difundir noticias o comentarios que atenten contra la revolución bolivariana y la seguridad nacional. Según el texto del proyecto presentado, «se faculta al presidente de la República y a los ministros del Interior y de Defensa para calificar estos delitos». No hay mucho, entonces, para explicar. Es una ley hecha a medida para Chávez y su guerra contra los medios.

Una batalla que ya comenzó. No sólo con la revocación de la licencia para Radio Caracas TV en 2007, o los ataques contra Globovisión durante el último año (ayer, Lina Ron, una suerte de Luis DElía caribeño que responde a órdenes directas de Chávez, habría encabezado el atentado contra la sede de esta estación de TV). Durante el fin de semana, el Gobierno cerró 32 emisoras de radio y 2 televisoras regionales. ¿El motivo? Falta de documentación, según dijo Diosdado Cabello, el hombre fuerte del Gobierno de Chávez, que es presidente de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) y a la vez ministro de Obras Públicas. Existe, claro, un motivo bolivariano: «La necesidad de combatir el latifundismo mediático y promover la democratización de los medios». Por eso es que el chavismo ahora evalúa qué hacer con esas frecuencias, y cuáles irán a nuevos concesionarios (presuntamente pro Chávez) y cuántas «al pueblo».

Los periodistas venezolanos, por su parte, están convencidos de que la ley de delitos mediáticos no es una de las tantas amenazas chavistas. «La ley sale», asegura a Ámbito Financiero Alfredo Maldonado, editor de Analítica, una de las publicaciones on line más consultadas y a la vez más duras con el bolivarianismo. Para Maldonado, esta mordaza a la prensa forma parte de un paquete de prohibiciones y cercenamientos a los derechos ciudadanos, en el que están además la Ley de Procesos Electorales que acaba de ser aprobada o la que castiga huelgas, mitines y reuniones políticas.

«Chávez está tratando de legalizar la tiranía, sólo que legalizar no significa automáticamente que todos los acepten», sentencia.

Para Teodoro Petkoff, ex guerrillero y fundador del izquierdista partido MAS y actual editor del diario opositor Tal Cual, la ley es un «esperpento legal», por el que «cualquier persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación puede ser calificada como delincuente mediático».

Sin embargo, la ley antimedios sería, además, una cortina de humo montado por el régimen chavista frente a la aparición de preocupantes grietas en el tema social. De acuerdo con Maldonado, «esta mordaza a la prensa es el más claro alerta de que las cosas no andan bien para el Gobierno ni para el Presidente, de que el cansancio crece y la popularidad y la fe decrecen». «Por eso», continúa, «el Gobierno se lanza a tomar medidas impopulares pero de creciente control de la comunicación; no quiere que se filtren noticias desagradables o molestas».

«Lo que viene ya no es uno o varios choques entre los franelas rojas (chavistas) y los militares contra opositores, sino de pobres reclamando airadamente contra el Gobierno», señala este periodista. En los últimos meses se han acrecentado en Venezuela las protestas gremiales, los reclamos por los planes de salud y por la escasez de alimentos, además de las manifestaciones en contra de la delincuencia e inseguridad. «Entre ambos estarán los militares, que obedecen al Gobierno y protegen a los franelas rojas pero en su gran mayoría nacieron y viven entre los pobres», concluye.