Queman las manos de Dilma ley forestal y lobbies cruzados

Dilma Rousseff

Como si las renuncias de ministros no bastaran para alborotar el frente interno del Gobierno de Dilma Rousseff, ahora se le suma la controversia alrededor de la reforma del Código Forestal. El nuevo texto, que busca reemplazar al original de 1965, pasó por Diputados en mayo, luego por cuatro comisiones en el Senado y está listo para ser votado en el plenario de esa Cámara en diciembre. Tanto fue modificado el Código por las presiones del lobby ambientalista por un lado, y del sector agropecuario por el otro, que desde el Senado deberá volver a Diputados y de allí hacia el veredicto final: la lapicera de Dilma.

«Es el peor regalo de Navidad para la presidenta», definió Kenzo Ferreira, analista ambiental de la WWF (World Wild Fund) Brasil. Es verdad: los ecologistas y conservacionistas dicen que el nuevo código está redactado a la medida del lobby agroindustrial. Los analistas políticos, por su parte, agregan que las modificaciones introducidas en el Senado tienen el guiño del Gobierno, apremiado por dos instancias: una, la de favorecer a la «bancada rural» parlamentaria, con 141 de los 513 diputados y 18 de los 81 senadores, entre los que prevalecen los políticos del PMDB, el partido aliado del Gobierno. Otra, llegar a tiempo con esas nuevas regulaciones para el cuidado y explotación de la vegetación autóctona antes de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable (Río + 20). Será en la primera semana de junio de 2012, en Río de Janeiro, con Dilma como anfitriona de 190 mandatarios.

Para Marina Silva, exsenadora y exministra de Medio Ambiente en el segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (además de opositora visceral a Dilma), también es una cuestión de tiempo. «El Gobierno teme que la sociedad se organice en contra» y por eso habría apurado, según ella, el paso por las cuatro comisiones del Senado (Asuntos Jurídicos, Agricultura, Ciencia y Medio Ambiente). «La presidenta debe cumplir con el compromiso asumido durante la campaña de 2010 y vetar la cláusula por la que se les da amnistía a quienes talaron ilegalmente y redujeron áreas protegidas», agregó en la noche del miércoles, apenas se supo que el Código había pasado el filtro de la última de las comisiones, la de Medio Ambiente.

La cuestión no es menor. El proyecto aprobado perdona y exime de multas y sanciones a todos los emprendimientos rurales y turísticos iniciados antes de 2008 que hayan talado bosques y selvas naturales en violación de normas ambientales y conservacionistas. Esa amnistía abarca todas la explotaciones rurales, independientemente de su tamaño (en un principio estaba destinada a explotaciones familiares pequeñas, de menos de 20 hectáreas), y les da la oportunidad de convertir las multas no aplicadas a «servicios de recuperación ambiental» (eufemismo para describir «replantación» de apenas algunas especies nativas).

El proyecto que aguarda la sanción del plenario del Senado redefine, a su vez, la extensión y alcance de las Áreas de Preservación Permanente (APP). Son éstas los terrenos más vulnerables a la erosión y los deslizamientos, como es el caso de las márgenes de los ríos, las laderas de los morros, las cotas en declive y la vegetación en los lechos de ríos. Según denuncian los detractores del Código Forestal recién modificado en el Senado, las nuevas disposiciones reducen a la mitad la superficie a preservar en las márgenes fluviales (15 metros de ancho ahora) y flexibiliza la pendiente permitida en el caso de las laderas de los morros (en el futuro se pueden cultivar hasta las de 45 grados). Antes que razones científicas, dicen ellos, mandan los números, lo fáctico.

Es simple. Un estudio de la Universidad de San Pablo, dirigido por el profesor Gerd Sparoveck, estima que del 1,3 millón de km2 de vegetación natural protegida como APP, cerca de 600.000 km2 (equivalentes a la suma de las superficies de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) en las márgenes de los ríos y las pendientes de los morros ya perdieron su estado natural a manos del machete y el hacha. De ellas, 440.00 km2 (Buenos Aires más Santa Fe) ya están sembradas con cultivos exógenos. ¿Recuperables? «En el mejor de los casos, podríamos soñar con una restauración del 15% de la vegetación nativa de las APP taladas», agrega Sparoveck.

No se trata, solamente, del avance de la frontera agropecuaria. La discusión del Código Forestal también enfrentó otro lobby: el de las eléctricas, que pidieron rebajar la propuesta de que al menos un 1% del presupuesto operacional de las hidroeléctricas se destine a la recuperación de las APP en zonas hidrográficas. Ese porcentaje se aplicaría a concesiones futuras y a las que deberán ser renovadas. Previsora medida: en 2015, el Gobierno de Brasil renovará concesiones por 20.000 millones de mW de generación eléctrica, lo que equivale al 20% de la energía del país.

Pero como no hay una de cal sin una de arena, lo más controvertido seguramente sea una de las últimas reformas agregadas por Jorge Viana, senador (PT) por el Acre y redactor del Código Forestal: las barreras de importación para aquellos productos y bienes que no sigan el patrón brasileño de protección al medio ambiente. (Está visto que al menos para la escuela de Guillermo Moreno no hay barreras.)

Por último, el nuevo Código Forestal propuesto exime al Gobierno de conceder incentivos fiscales y de crédito para la preservación del medio ambiente. ¿Ahorro? De acuerdo con la World Wildlife Fund, el 55% de la selva amazónica habrá desaparecido para 2030. Es hora de que Dilma Rousseff afine la punta de su lapicera.