Quieren discutir productividad en la mitad de las paritarias 2017

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• PLANIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA PRÓXIMA RONDA DE NEGOCIACIONES SALARIALES
La cartera que encabeza Jorge Triaca se propuso ese objetivo de mínima. Festejo en el sector empresario y preocupación en sindicatos y oposición, que identifican el plan con la década del 90.

 La mitad de las negociaciones salariales del año que viene deberá incorporar cláusulas de productividad, de acuerdo a la planificación del Gobierno para esa ronda de paritarias. El criterio, que en los sindicatos asocian con la flexibilidad laboral, surge de la hoja de ruta del Ministerio de Trabajo que empezó a develar ayer este diario en exclusiva, y que incluye iniciativas relacionadas con cambios en el sistema indemnizatorio y un relanzamiento del régimen de pasantías.

El ítem de productividad es uno de los principales del plan de la cartera que conduce Jorge Triaca. Según el documento en la ronda de negociaciones entre empresarios y gremios de este año "el 30 por ciento de los acuerdos alcanzados" incorporó criterios de "productividad y competitividad" y menciona sectores como "petroleros y navieros". "El objetivo es alcanzar que al menos ese porcentaje crezca al 50% de las negociaciones que se realicen en 2017", añade la guía del ministerio.

En el caso de los petroleros, que para el Gobierno es el ejemplo a seguir, los rubros de productividad fueron incluidos en el medio de una crisis sin precedentes del sector, producto de la baja abrupta y consistente en el precio del crudo. En ese punto están cifradas las preocupaciones de los dirigentes sindicales: la prédica ligada a la baja del costo laboral y a la mejora de la competitividad tiene especial fuerza en momentos de recesión económica y mayor fragilidad del mercado de trabajo.

Cerca de Triaca asumieron el objetivo trazado en el documento y fueron más allá: dijeron que el Ejecutivo apuntará a que, en la medida de lo posible, todos los convenios colectivos contemplen mecanismos para aumentar la productividad de sus respectivos sectores a través de mecanismos como el uso de menos personal para una misma tarea, el ahorro en gastos considerados superfluos y la baja en el costo de la hora de trabajo por vía de la mayor eficiencia. En esa línea ya se había expresado Mauricio Macri cuando manifestó su interés en una revisión integral de los convenios colectivos, muchos de ellos sin cambios desde 1975. Luego de esa declaración los funcionarios buscaron bajarle el tono para no incomodar a la dirigencia de la CGT en medio de las negociaciones por el Impuesto a las Ganancias.

Según la cartera laboral, durante este año "se registraron 1.612 acuerdos, de los cuales 1.046 fueron a nivel de empresa y 560 por actividad". Y del total sólo 306 fueron paritarios, mientras que el resto correspondió a entendimientos de partes por suspensiones, pagos extraordinarios, premios o rectificaciones, entre otros ítems.

La posibilidad de avanzar en esta línea entusiasmó al sector empresario. Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA) le dijo anoche a este diario que "la Argentina necesita definir su rol en la economía mundial, sobre seguir siendo un país exportador de materias primas o encarar los desafíos de competitividad necesaria para exportar valor agregado, que es igual a decir trabajo argentino".

Alcanzar este objetivo, según el asesor, implica "mejorar los perfiles de capacitación, generar un espacio de empleo joven y apuntalar la productividad" así como "superar los traumas del ausentismo elevadísimo, la litigiosidad desmesurada y los impuestos al trabajo". "Los convenios colectivos deben estar dirigidos a mejorar la situación del trabajador pero también a ser más competitivos y eficientes", añadió.

En la vereda contraria, el laboralista Lucio Garzón Maceda alertó que "las condiciones para aumentar la productividad son, necesariamente, que los trabajadores tengan salarios muy altos o bien, que sean salvajemente explotados". "En el medio no hay nada. Quisiera creer que el Gobierno no pretende tener esclavos", le dijo a este diario. Garzón Maceda recordó que "en 1994 (el entonces ministro de Economía, Domingo) Cavallo impuso que todos los convenios tuvieran cláusulas de productividad".

En la misma línea que Garzón Maceda, el diputado Héctor Recalde, jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara baja, admitió estar "absolutamente preocupado" por el rumbo de la política laboral del Gobierno, sobre la base del anticipo de ayer de este diario de cambios en las indemnizaciones y las pasantías. "Es la flexibilidad laboral de los 90", sostuvo el legislador, quien identificó las propuestas de reformulación de las pasantías con los postulados reformistas de la denominada "ley Banelco" durante el Gobierno de la Alianza.

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