En un frenético raid en el que disparó una batería de medidas defensivas, Julio De Vido anticipó que pretende conjurar el escenario de su eventual detención, una vez que la Cámara de Diputados avance en su desafuero esta semana. De todas formas, la mayoría de ellas parece tener efecto nulo también en los expedientes judiciales donde tiene pendiente pedidos de prisión preventiva por irregularidades en licitaciones de Gas Natural Licuado y por la firma de convenios para obras en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. La última chance será jugada ante la Cámara de Casación, luego de que la Sala II de la Cámara Federal mantuviera firme la orden que le dio al juez Luis Rodríguez para que proceda a la quita de los fueros que impiden su captura.
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La estrategia comenzó con el pedido de licencia en la Cámara de Diputados y su renuncia a la presidencia de la Comisión de Energía. Allí exhibió un argumento político y uno jurídico: ese rol había sido destacado por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia para señalar que el exministro de Planificación Federal conserva una cuota de poder que de seguir libre- derivaría en una obstrucción de la investigación. En la carta con la que dio a conocer su intención, fue explícito con la evaporación de la causal que motivó la instrucción de desafuero de la Cámara. En simultáneo, como si fuesen varias partidas de ajedrez a la vez, su defensa se presentó ante Rodríguez para ingresar un "pedido de reposición" del desafuero y la detención en el marco de la causa Río Turbio. Significa que el magistrado revea lo ya decidido en pos de que cambie de opinión. También le solicitó al juez que acepte una declaración espontánea en el marco de la causa. Rodríguez no demoró en rechazar la pretensión, y mantuvo firme el 28 de noviembre como la fecha en la cual De Vido será indagado. En las próximas horas, se espera que rechace el resto de los escritos.
Maximiliano Rusconi decidido ayer a tapizar de presentaciones los tribunales- agregó al juez un pedido de exención de prisión, en caso de que los intentos anteriores fallen y se proceda esta semana a su desafuero. Todos los recursos están destinados a evitar una escena como la que le ocurrió al exsecretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, quien fue detenido frente a su casa, apenas Claudio Bonadio cursó un pedido de detención por el expediente GNL. De paso, los abogados recusaron al fiscal Carlos Stornelli, quien siguió como perro de presa a De Vido y no se conformó con que se fijara su indagatoria en la causa por Río Turbio, sino que logró que la Cámara inaugurara su exótica jurisprudencia destinada a exfuncionarios como agravante para las preventivas. Su permanencia la deberá definir el juez.
En el mismo movimiento, Rusconi cosechó un revés de la Cámara, que denegó la vía de la Cámara de Casación para que el máximo tribunal penal analice la decisión de desafuero y detención que le ordenó al juez Rodríguez. Deberá ir "en queja" a Casación, sin demasiadas expectativas, luego de que los mismos camaristas consideraran "inadmisible" el planteo.
Por la otra banda, sus abogados apelaron el procesamiento y prisión preventiva que el juez Bonadio le dictó en la causa por las irregularidades en la compra de gas natural licuado. En esa causa solicitó la excarcelación y además pidió ser sobreseído. Solamente lograría eludir la prisión preventiva si consigue que caigan ambos pedidos (no sólo uno), sin contar que Diputados está dispuesto a avanzar en la quita de sus fueros.
Como toda defensa, también tuvo un ataque: De Vido denunció penalmente al actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Omar Zeidan, al senador electo Eduardo Costa y su esposa, la legisladora del Parlasur por Cambiemos Mariana Zuvic, por los delitos de "encubrimiento, violación de deberes de funcionario, falsa denuncia, falso testimonio y sustracción y destrucción de pruebas".
En la denuncia, que recayó ante el juez Sergio Torres, hizo referencia a una testigo que declaró que existieron irregularidades en la gestión de Zeidán en YCRT y que se robaron documentación. En paralelo, el ex presidente de ENARSA denunció al perito que calculó sobreprecios en el expediente por GNL. También recayó en el juez Torres, con la intervención de la fiscal Alejandra Mangano.
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