Rebelión policial en Santa Cruz desnuda grave crisis política

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Santa Cruz - Efectivos policiales de ocho localidades activaron ayer un autoacuartelamiento en la provincia de Néstor Kirchner, en reclamo de una mejora salarial. Por la tarde, el mandatario justicialista Daniel Peralta decretó una recomposición del sueldo, en un intento de domar la revuelta.

La protesta generó suspicacias en el Gobierno santacruceño, desde donde se apresuraron a acusar a dirigentes gremiales y de la oposición de un supuesto intento de desestabilización, en el marco, además, de la presión que generan los irresueltos conflictos salariales con estatales y docentes. Esa reacción se dio en línea con la estrategia denuncista aplicada a nivel nacional en los últimos meses tanto por Cristina de Kirchner como por el ex presidente, con la oposición como blanco.

Según el ministro de Gobierno provincial, Carlos Barreto, el conflicto tuvo su origen en una «situación política interna» de sectores que «están tratando de desestabilizar al Gobierno». El funcionario vinculó la tensa postal con recientes declaraciones del diputado nacional radical Eduardo Costa, quien había sostenido que, al parecer, las prioridades en la provincia eran «la seguridad del gobernador y la fuerza de choque para disuadir manifestaciones, en detrimento de los demás sectores», y que «el personal policial se siente desmotivado» frente a «la actitud errática del estamento político que debe definir en esta materia, como un menosprecio a la función que cumplen».

Barreto también apuntó al gremio estatal ATE, al afirmar que «plantea la sindicalización de la Policía, cosa que el Gobierno de Santa Cruz no está dispuesto a realizar porque no existe en ningún lugar». Además, consideró que la protesta policial es «grave y seria, que puede rayar en lo delictivo, en cuanto a lo que establecen los códigos».

Frente a este escenario, el Ejecutivo local convocó al Consejo de Seguridad, para evaluar la posibilidad de convocar -si fuese necesario. a la Gendarmería para que se haga cargo de puntos clave que habitualmente custodia la Policía.

El autoacuartelamiento tuvo un alto porcentaje de adhesión en Caleta Olivia (se plegó alrededor del 80% de los efectivos) y en Pico Truncado, principales ciudades de la zona norte. También hubo focos en otras seis localidades de la provincia (como Las Heras, Piedra Buena, Perito Moreno, Río Turbio, 28 de Noviembre y Puerto Deseado), aunque no alcanzó a Río Gallegos.

La protesta se activó a las cero de ayer. Como el sector no está regido por paritarias, pasadas las 15 el Gobierno dio a conocer el Decreto 520 -firmado por Peralta y por Barreto-, por el cual se otorgó una mejora salarial a la Policía, retroactiva al 1 de marzo pasado y basada en la modificación del denominado Valor Punto (se lo fijó en 12 pesos) y del Adicional por Mayor Riesgo (lo llevó a 558 pesos).

De acuerdo con los nuevos salarios, el agente recién ingresado pasaría de cobrar 3.200 pesos a entre 4.000 y 4.300 pesos, según las cargas sociales, mientras que también se adecua la escala para los efectivos de mayor rango y antigüedad.

Según trascendió, una copia del decreto fue enviado por fax a todas las comisarías de la provincia, para ser puesta a consideración de los efectivos en protesta. El aumento había sido anunciado previamente a las fuerzas de seguridad en forma verbal por el jefe de Policía, Alejandro Martínez.

Desde el pasado jueves, las negociaciones entre Martínez y el Gobierno provincial fueron incesantes, en un vano intento de evitar la delicada medida de fuerza.

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