Rebrota la tensión en Ecuador con el arresto de 58 policías

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, recibió ayer a la prensa internacional, ante la que dejó la sensación de que la crisis institucional desatada la semana pasada sigue sin resolverse del todo.

Quito - A una semana del intento de golpe de Estado en Ecuador y en la primera actuación a gran escala del Gobierno, la Policía detuvo a 58 integrantes de la fuerza implicados en los hechos que podrían pasar de uno a seis años en la cárcel. El temor a levantamiento eleva la tensión y genera interrogantes por las acciones que podrían llevar a cabo las autoridades.

El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, afirmó que la mayoría de los arrestados son policías, sujetos a detención preventiva de 24 horas, y que en función de la audiencia que se llevaba acabo al cierre de esta edición, «se determinarán otras medidas». «Es una salvaje persecución. Se ha pisoteado todo el debido proceso», se quejó ante la prensa Patricio Armijos, abogado de los arrestados.

El miércoles también había sido apresado Fidel Araujo, un cercano colaborador del ex presidente Lucio Gutiérrez, acusado de haber organizado la revuelta en el Regimiento Quito Número Uno. Araujo negó esas versiones y aseguró que asistió al cuartel como «un ciudadano» que rechazaba una decisión «democráticamente».

Gutiérrez es responsabilizado desde el oficialismo de estar detrás de la intentona golpista. «El presidente de la República Rafael Correa tendrá que probar sus acusaciones y desde ya le indico al país que voy a presentar una demanda por daño moral al presidente y a su entorno», aseveró el ex mandatario al regresar de Brasil, donde había asistido como observador en las presidenciales del domingo.

De acuerdo con el código penal local, quienes fueron arrestados ayer podrían recibir penas de entre uno y seis años de prisión, aunque el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, pidió a la Fiscalía iniciar indagaciones por intento de magnicidio. En ese caso las condenas serían mayores.

El estado de excepción continuaba ayer en el país y los militares se ocupaban, entre otras instituciones, de la protección de la Asamblea Nacional. La escolta legislativa fue relevada, ya que se plegó a los sublevados al aislar la sede, y sus miembros sacaban ayer sus pertenencias de la Legislatura, ante la mirada de los soldados.

En ese marco, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se mostró ayer convencido en Washington de que lo suce-dido la semana pasada en Ecuador fue un intento de golpe de Estado y advirtió que este caso demuestra que la democracia sigue amenazada en la región.

Afirmación

«Sí, hubo un intento de golpe de Estado» en Ecuador, afirmó el chileno. «Esto demuestra que en nuestro continente todavía existen quienes más allá de encontrarse en minoría están dispuestos a actuar y aprovechar cualquier coyuntura para provocar desestabilizaciones en regímenes democráticos», alertó Insulza.

El secretario general de la OEA consideró asimismo que tras los disturbios había «otras fuerzas» con intereses más allá de una mera protesta económica. «Lo que consiguió detenerse en Quito fue un intento de golpe de Estado», insistió y consideró que su fracaso se debió al «fuerte apoyo» con que cuenta el Gobierno de Correa.

Desde el Ejecutivo se anunció que se continuarán tomando medidas y correctivos tras el levantamiento policial porque «la crisis aún no ha terminado», según indicó el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien estimó que el estado de excepción que rige en el país hasta mañana podría extenderse todavía más.

El ministro indicó que era difícil conocer lo que estaba pasando en la Policía, porque sus mandos de inteligencia «nunca informaron al Gobierno que existía un proceso organizado de sublevación de la tropa».

Agencias EFE, AFP, DPA y Reuters