Rechazan que Macri sea querellante en derrumbe

La Justicia rechazó la presentación del Gobierno porteño como querellante en la investigación del derrumbe de un gimnasio, ocurrido el 10 de agosto pasado, en el barrio de Villa Urquiza, como consecuencia de la excavación de una obra lindera al edificio. La tragedia provocó tres muertes y 11 heridos, y el Gobierno de la Ciudad se presentó como demandante contra los responsables de la construcción. Además, en la Legislatura porteña tuvo dictamen favorable la modificación a las normas para que haya controles durante las demoliciones y en otros momentos del proceso de construcción.

La jueza de instrucción María Fontbona de Pombo rechazó el pedido del Gobierno porteño de ser considerado «parte querellante» en la causa, lo que significaría que se investigan presuntas responsabilidades que podrían tener áreas de la administración macrista.

Denuncia

En su momento, surgió que antes del derrumbe hubo una denuncia de la UOCRA, entre otras cuestiones, por falta de apuntalamiento y que tres veces acudieron inspectores, pero no habrían encontrado a nadie en la obra. Las familias de las víctimas ya iniciaron demandas contra el constructor Guillermo Heyaca Varela.

También la jueza rechazó el pedido de exención de prisión que presentó la defensa del ingeniero Heyaca Varela, imputado por presunto homicidio culposo.

Por su parte, en la Legislatura porteña se elaboró un proyecto de ley para ser debatido en el recinto la semana que viene, que impone la obligación de inspeccionar toda obra en construcción en la etapa de demolición y excavación.

La iniciativa surgió tras el derrumbe y establece la obligación de supervisar todas las obras en su etapa de demolición y excavación, además de las que ya están estipuladas. Incorpora también que el director de la edificación deberá notificar a la autoridad de aplicación el cronograma de tareas y plazo de ejecución de la demolición y excavación. Agrega que en la etapa de excavación, cuando ésta supere la cota de fundación en cuatro metros, se realizarán dos inspecciones obligatorias.

La primera, al cumplir el 30% del cronograma de tareas y la segunda inspección, al cumplimentar el 70% del plan de obra. El proyecto fue aprobado en comisión sobre la base de las iniciativas presentadas por el oficialismo y la oposición, como la del macrista Bruno Screnci, el ibarrista Eduardo Epzteyn y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica.