Reclaman cambios a impuesto a medios

Trío radical. Alfredo Martínez, Ernesto Sanz y Gerardo Morales encabezan la embestida opositora contra la ley de medios.

En la carrera de obstáculos que enfrenta la ley de servicios audiovisuales en el Senado apareció ayer una nueva valla: el nuevo sistema de financiación de los medios públicos a partir, básicamente, de gravámenes impuestos a los medios privados. El oficialismo díscolo, encabezado por el titular de la estratégica Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, el senador jujeño Guillermo Jenefes, reclamó ahora al jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, que se modifique el sistema de gravámenes que el proyecto de ley aplica a los medios privados en beneficio de los del Estado.

Mientras desde la Casa Rosada y Olivos presionan para que este viernes, a más tardar, se firme el dictamen que habilitará el debate en el recinto, Jenefes aumenta su listado de reclamos. Al pedido de ampliación del plazo de un año para que las empresas de medios que no se adapten a la nueva ley liquiden su patrimonio (artículo 161), ahora el kirchnerismo díscolo sumó críticas al artículo 94, que obliga a los medios privados a tributar gravámenes sobre los montos de «facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programación, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios».

La furia de Jenefes, sin cuya firma es imposible que el oficialismo logre mayoría para emitir dictamen en el plenario de comisiones, apunta principalmente a la situación de inequidad que el articulado referido a gravámenes (artículos 94 a 100) y financiamiento (artículos 136 a 100) genera frente a las emisoras de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Contra reloj, Pichetto y el santacruceño Nicolás «Tito» Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y exégeta del penamiento del matrimonio presidencial en el Senado, someten a Jenefes a sesiones diarias de terapia para lograr, al menos, que el jujeño firme este viernes el dictamen de mayoría en disidencia parcial. Ése es el objetivo de esta semana del kirchnerismo, evitar que el kirchnerismo crítico se corte solo y lleve al recinto su propio dictamen de minoría.

Sin embargo, Jenefes, administrador de un multimedios de su familia en Jujuy, no termina de convencerse. No admite que el artículo 136 establezca que «las actividades de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado se financiarán con el 20% del gravamen creado por al presente ley, asignaciones presupuestarias, venta de publicidad, comercialización de su producción de contenidos audiovisuales, auspicios o patrocinios y legados, donaciones, etcétera». Jenefes no sólo alega la violación del principio de derechos adquiridos y de seguridad jurídica, sino también el incumplimiento de la máxima de igualdad ante la ley. Mientras los medios privados tributan una nueva carga de impuestos a la publicidad y a los ingresos provenientes de la realización de concursos, sorteos y otras actividades o prácticas de similar naturaleza, con excepción de aquellos organizados por entidades oficiales -artículo 94, segundo párrafo-, los medios del Estado quedan exentos. Basta con leer el artículo 137 para comprender las críticas de la UCR de Gerardo Morales, la Coalición Cívica de María Eugenia Estenssoro, el peronismo díscolo de Carlos Reutemann y el kirchnerismo disidente de Jenefes: «Las emisoras de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado estarán exentas del pago de los gravámenes y/o tasas establecidas en la presente ley».

Aunque los pedidos de cambios aumentan con el correr de los días, Pichetto confía en aprobar la ley gracias al apoyo de sus aliados del ARI fueguino, José Martínez y María Díaz, el socialista Rubén Giustiniani y el catamarqueño Ramón Saadi, quien dejó trascender que ésta es su oportunidad de vengarse de los medios que sepultaron su carrera política con el caso María Soledad.

Julio Cobos, quien retomó su cargo de vicepresidente tras el regreso al país de Cristina de Kirchner, promete no entorpecer el debate y avisó, por mensaje de texto, que no se ausentará del país en caso de que la sesión se realice el 14 de octubre.

Ezequiel Rudman