Organizaciones y especialistas consideraron que debe apartarse a Ejecutivo de tareas vinculadas con los comicios y exigieron nueva legislación para el financiamiento de los partidos políticos. Cámara Electoral apuntala idea.
Presión. Las organizaciones y los especialistas se adelantaron a un nuevo intento del Gobierno y plasmaron en una carta su postura.
Con el sigiloso auspicio de la Cámara Nacional Electoral (CNE), una considerable cantidad de Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a la calidad institucional y especialistas en materia electoral le presentaron una carta al presidente Mauricio Macri en reclamo de una profunda reforma en materia de comicios. "El consenso se alcanza solamente a través de la Boleta Única Papel, que es el sistema más extendido en el mundo, y se ha aplicado con éxito en las provincias de Santa Fe y Córdoba", remarcaron las ONG firmantes, entre las que se encuentra Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y diversos referentes como Javier Smaldone, la abogada Delia Ferreira (nombrada recientemente presidente de Transparencia Internacional) o el constitucionalista Daniel Sabsay. El objetivo de la misiva expresamente dirigida al mandatario es obturar la intención de la Casa Rosada de volver a la carga con el voto electrónico en el marco del paquete reformista oficial lanzado el lunes pasado en el CCK.
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En el escrito se plantean tres ejes conceptuales para una eventual reforma electoral: que se implemente la Boleta Única en Papel (reemplaza a todas las actuales papeletas por un único formato que contiene a todos los competidores y el elector selecciona su opción); que el Gobierno abandone cualquier intervención en el escrutinio (es decir que no quede bajo la órbita de la Dirección Nacional Electoral, por ejemplo); y que se regule una nueva normativa para el financiamiento de los partidos políticos. Aseguraron que la "transparencia" debe primar en un punto "sensible" para el proceso que, en la práctica, logró que casi ninguna fuerza pueda pasar el tamiz judicial de auditoría, en las últimas presidenciales.
Este último punto coincide con el interés demostrado por el empresariado nucleado en IDEA, en cuyo último coloquio se manifestó el borrador de un proyecto de ley para presentar en el Congreso, con puntos salientes como habilitar los aportes de personas jurídicas a las campañas. De esa iniciativa participaron también algunas de las organizaciones firmantes en este caso.
La posición de las ONG y los especialistas apunta en sentido contrario a la actitud oficial que aspiraba a revivir el trunco proyecto de votación electrónica que cuenta con aprobación en Diputados y naufragó en el Senado. Y con la promesa incumplida a la CNE de cederle el control del escrutinio provisorio (el final siempre está a cargo de los jueces), una presea por la que la Justicia electoral hizo oir su queja en la previa a las PASO, cuando se anotició de que el Gobierno volvió a licitar vía Correo Argentino el conteo provisorio con fines informativos a la empresa INDRA, que viene realizando el trabajo desde 1994.
"Resulta imperioso, para garantizar equidad en la competencia, quitarle al Poder Ejecutivo Nacional cualquier tipo de facultad en la administración electoral, y entregar al Poder Judicial de la Nación la organización total del proceso electoral", indicaron en la carta con las rúbricas de Asociación por los Derechos Civiles, la carrera de ciencia política de la UBA, CEPPAS, Directorio Legislativo, Fundación Vía Libre y de Carlos Dionisio Aguirre, Mateo Goretti, Beatriz Busaniche, Andrés Malamud, entre otros. "Creemos que esa reforma debe tener un amplio consenso de la ciudadanía, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, y los partidos políticos", indicaron. Los puntos enumerados coinciden con históricos reclamos en diversas acordadas de la CNE, firmados por Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía. Uno de los ítms que hasta ahora no fue revitalizado es la cobertura de la tercer vacante en el máximo tribunal de contralor electoral, cuyo concurso fue iniciado y congelado en el Consejo de la Magistratura.
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