Récord: 9 de cada 10 pesos del fondo para obras sociales se consume sólo en discapacidad

El incremento exponencial del gasto por este rubro condenó a un déficit sin precedentes en el Fondo Solidario que administra el Gobierno y marcó la relación con la CGT.

El gasto en servicios para discapacitados marcó este mes un nuevo récord y representó casi nueve de cada diez pesos del fondo que cubre las emergencias de las obras sociales y que administra el Estado. En octubre el rubro discapacidad insumió 29.300 millones de pesos de un total de $34 mil millones que ingresaron al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y encendió las alarmas de las áreas de salud del Gobierno y de las prestadoras sindicales, que atienden a 15 millones de personas.

El crecimiento exponencial del gasto en servicios a discapacitados, en particular los relacionados con educación y transporte, se convirtió en el eje de las más extensas gestiones entre el Gobierno y la CGT, en paralelo con los movimientos de los dirigentes sindicales en la campaña electoral. Esa suba llevó a Alberto Fernández a comprometer, en 2021, que el Estado acudiría al auxilio de las prestadoras gremiales. Desde entonces lo hizo de manera esporádica y siempre por debajo de los reclamos de los gestores de la central obrera. Este año Sergio Massa cumplió, al filo de las PASO, con un desembolso comprometido de 20 mil millones de pesos correspondientes a aportes directos no reembolsables del Tesoro nacional con destino a las obras sociales.

Se trata de un tema delicado por la sensibilidad que genera y por el temor del Gobierno a lidiar con una protesta de prestadores de servicios para discapacitados, que en general incluye a pacientes en espacios de máxima visibilidad como la Plaza de Mayo. Más aún, en campaña electoral. De ahí que el rubro recibiera incrementos en los valores de sus cápitas incluso muy por arriba de la inflación.

Comparativa

Para graficar el aumento geométrico de los gastos, en la Superintendencia de Salud explican que en 2017, cuando se creó el rubro “integración”, como se denomina a los pagos por discapacidad, ese ítem insumía el 17% de la totalidad de ingresos por aportes de trabajadores y contribuciones patronales al sistema solidario de salud. El último desembolso, correspondiente a servicios de agosto y que se pagó al mes siguiente, representó el 86 por ciento de los 34 mil millones que entraron al sistema. Dicho de otra forma, el FSR dedicó a 117 mil pacientes discapacitados casi 9 de cada 10 pesos ingresados para un sistema en el que aportan 6,2 millones de trabajadores registrados en relación de dependencia y que cubre a 15 millones de personas.

Otra comparativa establece que el Programa Médico Obligatorio (PMO, el piso de prestaciones que debe garantizar cualquier cobertura de salud) tiene un costo cercano a los 12 mil pesos y que el promedio de gastos de un afiliado con discapacidad trepa a 242 mil pesos. También destacan en la Superintendencia que desde la asunción de Alberto Fernández se duplicó el número de pensiones por discapacidad otorgadas. Para matizar ese incremento en el sector de salud explican, además, que en la gestión de Mauricio Macri, por el contrario, se congeló el otorgamiento y se dio de baja una cantidad no precisada de certificados.

En junio, tras meses de idas y vueltas con el equipo económico de Sergio Massa y otras áreas del Gobierno, la CGT emitió un comunicado en el que hizo público su diagnóstico crítico sobre la evolución financiera de las obras sociales. Allí, con información provista por la Secretaría de Acción Social, que conduce José Luis Lingeri, la central obrera advirtió por un déficit proyectado hasta fin de año de 132.610 millones de pesos, en buena medida por el crecimiento exponencial del valor de los servicios a discapacitados.

El número lucía muy cercano a los 138 mil millones de pesos que Massa había reservado en el Presupuesto 2023 para la atención de emergencias sanitarias y con los que la CGT esperaba contar de manera automática si no fuera porque la oposición vetó un instrumento que el Gobierno había incluido a tal fin en la misma discusión parlamentaria por el esquema de gastos e ingresos para este año. Desde entonces los dirigentes se vieron obligados a mantener negociaciones constantes para obtener desembolsos del Tesoro. De fondo es otra razón para explica el apoyo lineal de la CGT al ministro y actual candidato de Unión por la Patria. Ninguno de ellos espera de Javier Milei ese tipo de contemplaciones.