Recuperan predios que habían sido tomados en Jujuy y Salta

Los Gobiernos de Jujuy y de Salta recuperaron tierras tomadas y viviendas usurpadas, mientras se registran pequeñas réplicas de nuevas tomas en Formosa.

Después de días de conflicto social por la emergencia habitacional en el norte, que tuvo varios condimentos, entre ellos un desalojo violento con un saldo de cuatro muertos, marchas de mediáticos líderes piqueteros y cruce de acusaciones, el gobernador jujeño, Walter Barrionuevo, confirmó ayer que pudo recuperar 160 viviendas que estaban ocupadas por familias en la provincia. Mientras tanto, persisten las tomas en la localidad Libertador General San Martín -donde se encuentran las tierras de la firma Ledesma, donde se concentró la mayor tensión-.

Madres

En el norte de Salta, por caso, donde los conflictos se activaron por la paralización de obras que estaban en manos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, funcionarios de la gestión de Juan Manuel Urtubey ratificaron que a fines de la semana pasada terminó la toma de los terrenos de la entidad que preside Hebe de Bonafini en Tartagal, aunque todavía los usurpadores aguardan una respuesta de la administración provincial a su pedido de trabajo y vivienda.

Desde que comenzó la toma en la localidad salteña, la fuerte presencia policial fue permanente hasta que se logró que se retiraran los manifestantes que reclamaban por la finalización de la construcción de casas y de un hospital, suspendida a partir del escándalo que involucró al exapoderado de Madres, Sergio Schoklender.

En tanto, las tomas tuvieron una nueva réplica -aunque pequeña- en una localidad de Formosa, Ingeniero Juárez. Ayer, unas 90 familias usurparon un grupo de viviendas aún sin adjudicar a modo de protesta por la falta de respuesta de las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ante sus requerimientos de un techo digno.

Viviendas

En cuanto a Jujuy, las autoridades del IPV recuperaron las 160 viviendas junto con el fiscal penal de turno, Jorge Zurueta, quienes tras largas negociaciones lograron que las personas que estaban en las viviendas accedieran a devolverlas al Estado provincial para que termine de construirlas y pueda adjudicarlas.

Los funcionarios precisaron que a todas las personas que están ocupando viviendas se les está comunicando que tienen un plazo para que las dejen y subrayaron que más de un 60% de las viviendas usurpadas ya fueron recuperadas, y la institución está procediendo a terminarlas para entregarlas a los asignados.

Asimismo, desde la administración provincial pidieron a los ocupantes del resto de los grupos habitacionales que todavía están ocupados que recapaciten y abandonen esa postura ya que de persistir en esa posición serán sancionados con la inhabilitación de por vida para recibir una vivienda o lote del Estado. Por su parte, el fiscal Zurueta consignó que la gente se está retirando en forma voluntaria y que, en caso contrario, «se tendrá que actuar conforme a la ley».