Remediosgate: Zanola insistió con la prisión domiciliaria

El titular del gremio bancario, Juan José Zanola, volvió a pedir ayer la prisión domiciliaria, en el marco de la causa en la que fue procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita destinada a la comercialización de medicamentos adulterados.

Su nuevo abogado, Mariano Cúneo Libarona, presentó un escrito ante la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional porteña, en el que recordó que el sindicalista, de 75 años, padece problemas bronquiales crónicos. El tribunal de alzada tiene un plazo de cinco días para decidir si revoca o confirma la decisión adoptada en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide, quien había rechazado el pedido.

La Cámara, que habilitó la feria judicial para tratar los procesamiento dictados por Oyarbide por la llamada «mafia de los medicamentos», inició así una serie de audiencias para que las defensas de los imputados presenten sus argumentos de apelación. Hoy será el turno del ex encargado del Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la Nación, Roberto Loiácono, quien fue procesado con su hijo Fernando, titular del laboratorio Biodrugs SA, por el presunto comercio ilegal de medicamentos de distribución gratuita.

Paralelamente, Oyarbide dispuso ayer que se indagara nuevamente al ex subsecretario de Salud bonaerense, Alberto Costa, y a la empleada de la droguería San Javier, María Berisso, para que amplíen sus declaraciones. Ambos fueron procesados como supuestos integrantes de una asociación ilícita dedicada al tráfico de medicamentos adulterados.

Por su parte, Solange Bellone, viuda de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez y procesada con prisión preventiva por el supuesto delito de asociación ilícita, solicitó su excarcelación.

Oyarbide ya había denegado un pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa, que había argumentado que Bellone debía permanecer en su domicilio para cuidar a su hijo de 5 años. La viuda de Sebastián Forza y titular de la droguería de su marido, Seacamp SA, también fue procesada por su supuesta participación en la venta ilegal de medicamentos adulterados que habrían sido suministrados a afiliados de la Obra Social de la Asociación Bancaria.