Reproche de Cámara Electoral al Gobierno por privatizar escrutinio

Jueces cargaron contra la Rosada por no haber adoptado ninguna medida de control que habían propuesto. Malestar por “puenteo” para recuento.

Acordada. Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía mantuvieron una reunión ayer y firmaron un documento crítico contra el Poder Ejecutivo.

El malestar existente entre la Cámara Nacional Electoral -máximo tribunal de contralor de los comicios- y el Gobierno nacional se hizo explícito en un duro reproche que objetó la decisión de contratar a una empresa privada para realizar el escrutinio provisorio de las próximas elecciones legislativas. Como adelantó Ámbito Financiero en su edición de ayer, la CNE preparaba un documento como respuesta a la decisión oficial de delegar el recuento inicial de los resultados en la española INDRA, en lugar de otorgar esa facultad a la Justicia electoral de cada distrito como la propia Cámara había especificado en una acordada firmada en enero pasado, cuando se confirmó el fracaso de la reforma electoral en el Congreso.

A los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía les molestó también que el Poder Ejecutivo hubiera argumentado que la CNE le marcó el camino en esa resolución de hace seis meses para que vía Correo Argentino se hiciera una contratación a un privado. Por el contrario, los jueces objetaron -siempre con un tono formal- que se hubiera "privatizado" el proceso, sin dotarlo de herramientas de transparencia que ellos mismos habían sugerido. En el idioma de la CNE, la acordada de ayer implica el estallido de la relación con la Casa Rosada, que ya había registrado momentos de tensión con el naufragio de la reforma electoral, algo que la Cámara adjudicó a la tozudez oficial de avanzar solo en el sentido del voto electrónico y no explorar otros modelos que reemplacen a las papeletas. Fuentes gubernamentales señalaron que el estado de ebullición de la CNE también se debía a que había buscado acaparar para sí y para los juzgados con competencia electoral de cada provincia el poder de fiscalización (también) de los resultados provisorios de los comicios, lo que generaría más poder para las secretarías electorales, traducidos en contratos y horas extras a facturar.

"Pese a reiterados requerimientos de este Tribunal, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la Justicia nacional electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos", señaló uno de los párrafos más duros de la acordada que apunta a culpar al Gobierno por la eventual ausencia de transparencia. Esas denuncias suelen tener que ser resueltas por la propia CNE, que termina por validar el conteo informativo.

"Hasta el día de hoy -ya avanzado el cronograma electoral en curso- no se ha obtenido respuesta alguna", aseguraron sobre las propuestas de escaneo de telegramas en los lugares de votación y la "trazabilidad" de la documentación electoral para garantizar fidelidad. En ese marco, dispararon que esas medidas no requerían "un presupuesto significativo en relación al total asignado y al que históricamente se destinó al rubro", y en modo alguno suponen la intervención de ninguna empresa privada ni justifican modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, procuran prescindir de la acostumbrada contratación de terceros, un tiro por elevación al contrato privado que (otra vez) ganó Indra para las PASO y las generales por u$s25 millones.

La alusión fue directa al Gobierno que "no receptó" las sugerencias con tono de órdenes que dictaron en la Acordada CNE 2/17, mediante la cual apuntaban a darle seguimiento a la entrega y recolección de la documentación "para un mejor control de la logística, lo que aún se aguarda desde el tribunal", sentenciaron. Sin ser explícitos, el reproche termina por herir al sistema que tendrán las próximas elecciones legislativas.