• MARTES PRÓXIMO PLENARIO DE COMISIONES EN EL SENADO REACTIVA POSIBLE SANCIÓN Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resiste delegación de facultades en Federación (que es órgano privado). Enfrentamientos cruzados por caso Mahíques.
Plenario. Será presidido por Juan Manuel Abal Medina y Pedro Guastavino (FpV-PJ)
La resurrección de un proyecto de ley que apunta a establecer una matrícula federal para que los abogados del interior del país puedan litigar ante la Corte Suprema y los tribunales federales, reabrirá una herida entre asociaciones de letrados que tiene como trasfondo la disputa por una millonaria caja, y que ahora suma fricciones por posicionamientos políticos. El martes próximo, un plenario de comisiones en el Senado, comenzará a debatir un dictamen para aprobar la iniciativa que tuvo el visto bueno en Diputados el año pasado, a instancias de un sector del oficialismo, especialmente la UCR. El enfrentamiento estará dado en que el nuevo registro en el que deberán inscribirse los profesionales quedará bajo el control de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), una entidad privada que agrupa a distintas organizaciones. En la vereda de enfrente, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que es el órgano oficial que hasta ahora tiene la exclusividad de las matrículas ante los fueros federales ubicados en la ciudad, intentará impedirlo.
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El próximo martes 27, a las 14 en el salón Eva Perón están convocados los senadores que integran la comisiones de Justicia y Asuntos Penales que preside el peronista Pedro Guastavino- y la de Presupuesto y Hacienda, cuyo titular es Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ). Comenzarán a darle tratamiento al expediente 3424-D-16 que regula la matrícula federal para ser expedida por la FACA, donde no haya organismos públicos que la otorguen. Ya cuenta con aprobación de Diputados desde octubre de 2016, pero su sanción definitiva quedó postergada por la presión del CPACF. La pelea es por el control de los fondos que serán aportados por los afiliados y por el Estado pero también por la extensión de facultades de "coordinación y control" a la Federación, otorgándole un poder que le permitirá ser más influyente aún.
A la puja sectorial se le agregan cuestiones políticas: la FACA tiene un asiento en el Consejo de la Magistratura derivado de la representación de los abogados del interior y encarnada hoy por Miguel Piedecasas, actual vice en el órgano que selecciona y remueve jueces. Con terminales en la UCR y con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la iniciativa en discusión fue impulsada por el Frente Renovador pero con el acompañamiento del sector radical de Cambiemos. Como contracara, la cúpula del CPACF encabezada por Jorge Rizzo logró boicotearla con éxito, aunque la maniobra fue antes de la ruptura con la Casa Rosada expuesta en varios amparos del Colegio contra resoluciones del Gobierno, y con los amagues de quiebre definitivo con Daniel "Tano" Angelici, quien aún es vice segundo del CPACF. El PRO tiene decidido ir por la presidencia del órgano y Rizzo con Gente de Derecho, aspira a resistirlo y doblegarlos.
Pero la interna de la FACA tampoco atraviesa aguas calmas. El problema: el traslado dispuesto por la mayoría oficialista del Consejo del juez Carlos Mahíques a la Cámara Federal de Casación Penal para ocupar una vacante de manera definitiva, sin concurso previo. Piedecasas votó afirmativamente esa decisión, pero la FACA con una resolución firmada por su presidente, Eduardo Massot y por el secretario Santiago Orgambide expresó su "honda preocupación" por el procedimiento que catapultó al exministro de Justicia de María Eugenia Vidal a un sitial en el máximo tribunal penal del país. En el escrito destacaron que Mahíques "no cumple ningún requisito" para ser nombrado en ese cargo por el Consejo. Por eso la mesa directiva de la FACA advirtió que "el respeto a las instituciones de la República es condición necesaria para mantener el orden, para preservarla y para posibilitar el crecimiento de nuestra Nación en paz, circunstancias que se quebrantan en el presente caso al invalidarse competencias que violan expresamente disposiciones de la Constitución Nacional". El dardo fue dirigido a la Casa Rosada, que a través del servicio jurídico del Ministerio de Justicia defiende el pase de Mahíques ante los pedidos de anularlo judicialmente. El Colegio Público, el Gobierno y ahora también la FACA transitan una temporada de enfrentamientos entre sí que ahora pueden ser reavivados por la mayoría peronista en el Senado.
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