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Riesgoso: Macri viaja a Jujuy en medio de puja por libertad de M. Sala
Tras cautelar de la CIDH, el procurador general de la provincia dijo que recomendará a los jueces que concedan el cambio.
Tiempo. La líder piquetera se encuentra detenida desde enero de 2016, un mes después de la asunción de Macri.
Ayer el titular del Ministerio Público de Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, confirmó su postura de recomendar a los jueces locales que se inclinen por "el arresto domiciliario" de Sala, como alternativa a la prisión preventiva a la que está sometida desde enero de 2016 en el penal de Alto Comedero (por el supuesto manejo irregular de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales). Pero además remarcó que solicitará que sea en idéntica condiciones que "una prisión preventiva" y enfatizó que "la CIDH no se pronunció respecto de su ilegitimidad".
El procurador jujeño admitió también que las detenciones preventivas y las condiciones "en general no son muy favorables para ningún detenido en la Argentina", al recordar que el organismo internacional "recomienda el arresto domiciliario porque se considera que la vida de Sala está en riesgo".
La decisión final es potestad de los dos jueces que le dictaron la prisión preventiva a Sala: el juez de Control Gastón Mercau y el de Instrucción de Causas Ley Nº 2, Pablo Pullen Llermanos, quienes -dijo Lello Sánchez- deben "resolver conforme a las recomendaciones de la CIDH, previo correr vista a las partes".
La medida sería adoptada en las próximas horas, aunque el proceso podría sufrir alguna demora -salvo algún trámite excepcional- por el asueto administrativo de hoy por el Día de la Pachamama, que alcanza a la Justicia. "Estamos dentro del sistema internacional de Derechos Humanos y vamos a respetar todos los pactos; garantizar la vida y la seguridad de Sala lo hemos hecho y se seguirá haciendo para ella y para cualquier detenido", señaló Perassi.
Desde la vereda de Sala, en tanto, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta remarcó ayer que "es vinculante" la cautelar de la CIDH y sostuvo que su cumplimiento es responsabilidad del Estado argentino, ya que "los únicos que pueden firmar convenios o tratados internacionales son los estados nacionales, y el que lo firma es el responsable" de garantizar su cumplimiento.
En paralelo, el Comité por la Libertad de Milagro Sala entregará hoy en Casa de Gobierno una petición para "exigir la inmediata libertad" de la dirigente, que cuenta con más de 40.000 firmas de distintos países, entre ellas las de la expresidente de Brasil Dilma Rousseff; el fundador de Wikileaks, Julian Assange; el juez español Baltasar Garzón y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.


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