Schoklender: Gobierno manda papeles diez meses después

A diez meses de iniciada la causa contra Sergio Schoklender, el juez federal Norberto Oyarbide recién obtuvo esta semana los documentos del Ministerio de Planificación con los datos acerca de los fondos entregados para las obras encargadas a las Madres de Plaza de Mayo en todo el país. El magistrado, además, prevé viajar a Salta la semana próxima para investigar la compra de tierras por parte del exapoderado de la fundación. Una vez cumplida esa medida, en el juzgado prometen acelerar el llamado a indagatoria de Schoklender para fines de este mes o principios de abril.

Oyarbide comenzó a trabajar ayer sobre una serie de documentos que envió Planificación. En concreto, los desembolsos hechos por el Gobierno nacional a favor de administraciones provinciales o comunales para el desarrollo de obras por parte de la Misión Sueños Compartidos, el emprendimiento constructivo de las Madres que estaba a cargo del mayor de los Schoklender.

La cartera que conduce Julio De Vido remitió los certificados de avance y finalización de obra entregados por las Madres y los pagos efectuados contra esos documentos. Se trata de papeles que el juez había pedido al inicio de la investigación, en junio del año pasado, y que el ministerio recién cumplió esta semana.

En el juzgado explicaron la demora con el argumento de que con el arranque de la causa, se pidió toda clase de documentación a organismos, en algunos casos sin la precisión suficiente. Los aportes, dijeron los investigadores, fueron en su mayoría parciales. Y recién esta semana quedó completa la documentación respecto de los pagos efectuados.

Con los papeles en su mano, Oyarbide podrá ahora cotejar si los desembolsos efectuados tuvieron su correspondencia en los avances de las construcciones de las Madres a cargo de Schoklender.

Los emprendimientos se pactaban, por lo general, desde el Ejecutivo nacional con acuerdo de la administración provincial o local. Tras el pago de un monto inicial para el inicio de las obras, que el Gobierno viabilizaba mediante los institutos de la vivienda respectivos, Schoklender como apoderado debía aportar los certificados de avance para obtener el flujo suficiente de fondos que le permitiera continuarlas y terminarlas.

Luego de haber visitado e inspeccionado obras en Chaco, Oyarbide prevé hacer la semana próxima lo propio en Salta. Allí, el juez sospecha de la compra efectuada por Schoklender de un terreno en la ciudad de Tartagal poco después del alud que, en febrero de 2009, arrasó con parte del distrito.