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Schoklender: Oyarbide cita a otra tanda de indagados
Sergio Schoklender
El llamado -que incluye a otras 19 personas- estaba pautado para el lunes de la semana pasada. Fue el mismo día que desde el Gobierno se anunció la expropiación del 51% de YPF, hasta ese entonces controlado por la española Repsol. Semejante movimiento tuvo su resonancia en los tribunales de Comodoro Py, donde los jueces encargados de investigar al poder, como lo es Oyarbide, suelen actuar siempre con un ojo puesto en las idas y vueltas de la agenda política.
Acusación
El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, ya trabaja en la indagatoria. En su dictamen acusa a Schoklender de desviar un total de 25 millones de pesos a través de las firmas Meldorek y Antártica. En tanto, esta semana, en el juzgado de Oyarbide, comenzarán a preparar la segunda tanda de citaciones, que incluiría a otros funcionarios de Sueños Compartidos y ejecutivos de empresas privadas involucradas en la trama. En el caso de estos últimos es por presunto lavado de dinero.
Si bien Hebe de Bonafini quedó excluida del listado de los primeros llamados a indagatoria, su hija María Alejandra deberá responder por sus responsabilidades administrativas cuando se desempeñaba como asesora de Sueños Compartidos. Idéntica es la situación de Alejandro Gotkin, quien es señalado por Di Lello como una de las piezas clave de la trama, ya que desde su cargo en la firma, Antártica, habría participado en el desvío de fondos estatales. Pablo Schoklender, administrador de la fundación, también pasará por el tercer piso de los tribunales de Retiro.
Oyarbide da luz verde a las indagatorias luego de que su trabajo al frente de la instrucción recibiera duras críticas por parte de la Cámara Federal. Los jueces de la Sala I, Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros entendieron, en noviembre del 2011, que la investigación fue «desordenada» e «irracional».
Causa paralela
Así como avanza la investigación judicial sobre el entorno de Sergio Schoklender en cuanto a la fundación y los empresarios vinculados, todavía no hay novedades de las presuntas responsabilidades del Estado en la trama. Se trata de una causa paralela que está radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
El magistrado, que se encuentra al frente de dos juzgados federales en calidad de subrogante, asegura que actuará luego de recibir los informes de la Auditoría General de la Nación. La investigación hace foco en los contratos de Sueños Compartidos en seis distritos del país y podría demorar semanas en ver la luz.


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