Se acentúa el malestar en las Fuerzas Armadas

Montevideo - El Gobierno de Uruguay defendió ayer su propuesta de invalidar la Ley de Caducidad, que dejó impunes los crímenes cometidos por la última dictadura militar (1973-1985), en un episodio que caldea más las relaciones entre la administración de José Mujica y la cúpula castrense.

La postura del Gobierno fue expresada por el vicecanciller Roberto Conde en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, donde llegó proyecto de ley elaborado por el Frente Amplio (FA). Si prospera, será remitido al Congreso, controlado por el oficialismo.

Conde expuso ayer ante los diputados la necesidad de invalidar la Ley de Caducidad para hacer frente a los tratados internacionales firmados por el país en materia de derechos humanos.

Uno de los escollos con los que podría topar el proyecto de reforma legal oficialista son los dos referendos que ratificaron la normativa, el último hace menos de un año, aunque Conde considera que no son un obstáculo.

«Ésta es una ley común, y el hecho de que haya pasado por un referéndum no limita las facultades del Poder Legislativo de la República para modificarlo», sostuvo. «De lo contrario, estaríamos ante la situación de que una ley que pasó por un referéndum va a tener validez eterna», agregó.

Distinta es la opinión de los representantes en la misma comisión de las dos principales fuerzas de la oposición, los partidos Nacional (Blanco) y Colorado.

«Es lamentable que con una mayoría simple y circunstancial se quiera torcer la voluntad del pueblo», afirmó a los periodistas el diputado colorado Fitzerald Cantero, al recordar que «el mismo pueblo que dijo que no se anulara la Ley de Caducidad (en octubre de 2009) es el que eligió» al Parlamento actual.

Las intenciones del Gobierno respecto de la Ley de Caducidad aumentan el malestar en las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, debió negar «absolutamente» cualquier riesgo de sublevación policial o militar en su país similar a la ocurrida recientemente en Ecuador. «No existen riesgos, en absoluto», respondió tajantemente ante una insólita pregunta.

La semana pasada, el general retirado del Ejército Manuel Fernández, actual presidente del Centro Militar, se quejó de que el Gobierno de Mujica persigue el «aniquilamiento de las Fuerzas Armadas». La inquietud en ambientes policiales y militares en Uruguay fue admitida incluso por los actuales mandos, en momentos en que el Congreso estudia el nuevo presupuesto quinquenal e impulsa una reestructura profunda de las FF.AA., en el marco de un nuevo concepto de defensa nacional.

Agencias EFE y DPA