Se despega el Gobierno del vuelo a Barcelona con droga

Los tres pilotos fueron sorprendidos el 2 de enero en el aeropuerto de Barcelona.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que realice una denuncia en la Justicia para que se investigue si el avión secuestrado en España piloteado por los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá partió de la Argentina con el cargamento de 944 kilos de cocaína en su interior. Se busca dilucidar si los estupefacientes se cargaron en Ezeiza o Morón, únicos puntos del territorio nacional donde estuvo operando la aeronave antes de su partida al extranjero, o si, como se publicó, el cargamento se produjo en Cabo Verde.

Garré intentó desplazar el foco de atención de las presuntas fallas en los controles de seguridad del país hacia las instituciones que en la práctica deben cumplirlas. En efecto, toda aeronave, antes de su partida al exterior, debe sortear controles administrativos de la Aduana y la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), sin contar los chequeos no rutinarios de los organismos de seguridad (la PSA, con jurisdicción en los aeropuertos), cuando hay sospechas sobre los tripulantes, la carga, los pasajeros o meramente la verificación que todo esté en regla.

Como el aparato de la empresa Medical Jet, un reactor Challenger 604, partió del aeropuerto internacional de Ezeiza, la sospecha volvió a centrarse en los movimientos previos a su salida. La memoria remite al episodio de los vuelos de la empresa Southern Winds que partieron de la Argentina con valijas repletas de cocaína sin que fueran detectados por los efectivos de la Policía Aeronáutica ni la Aduana. El caso terminó con el descabezamiento de la cúpula de la Fuerza Aérea, la eliminación de la Policía Aeronáutica y su transformación en Policía de Seguridad Aeroportuaria bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y el traspaso del control de la actividad aerocomercial a la esfera civil de la Secretaría de Transportes de la Nación mediante la creación de la ANAC.

También se echó el manto de la duda ahora a la denominada Base Aérea Militar Morón (antes Guarnición Aérea Morón y originalmente Aeródromo Presidente Rivadavia) porque el avión utilizaba un hangar de la Compañía Argentina de Trabajos Aéreos (CATA), fundada en 1956, ubicado cerca de una de las cabeceras de la pista.

El hangar en cuestión fue concesionado por la Fuerza Aérea a la empresa CATA, el contrato finalizó, las autoridades de la fuerza exigieron la restitución, pero hubo un planteo en la Justicia que detuvo todo el proceso.

Detalles

Garré conoce los detalles problemáticos en torno a la seguridad de la pista de Morón. Durante su gestión de jefa castrense se vulneró el alambrado perimetral y hubo ingreso de intrusos con intenciones de establecer un asentamiento.

La ex ministra de Defensa impulsó y logró la firma del Decreto Nº 825/09 por el que se creó la Base Aérea Militar Morón en el predio de lo que era la ex Guarnición Aérea Morón, al mismo tiempo el Gobierno había creado la ANAC que tomó jurisdicción sobre la pista, el rodaje, la torre de control y las atribuciones operativas sobre los aviones civiles -el cuestionado Challenger 604- que operan en ella.

El decreto trajo controversias pues la Fuerza Aérea, respaldándose en la letra de la norma, envió carta documento a más de 10 escuelas de vuelo civiles establecidas en la Base Morón para que desalojaran las instalaciones (hangares y oficinas). La ANAC, organismo que dirige Alejandro Granados, responsable de las actividades de las empresas civiles de vuelo, nunca dio solución al conflicto.

Edgardo Aguilera