Se despegan más de espía en el macrismo

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En una nueva estrategia, el Gobierno de Mauricio Macri intenta desligarse más del presunto espía detenido, Ciro James (ver nota aparte), y apuntar a la relación del sospechoso con el Gobierno nacional, mientras crece la interna dentro de la administración porteña. Al mismo tiempo, el PRO intenta detener en la Legislatura los pedidos de interpelación, relacionados con el caso a dos ministros, que si bien la oposición no podría lograr por falta de votos, convertiría el recinto en un show antimacrista.

Hoy debe declarar ante el juez que investiga las escuchas, Norberto Oyarbide, el ministro de Educación, Mariano Narodowski, y será el quinto funcionario de Macri que pasará por el juzgado. Deberá explicar qué actividades realizaba el espía en el área de auditoría interna de su ministerio, y el relato comenzará a contradecirse con las explicaciones que viene dando otra oficina, la del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.

Es que Narodowski asegura que el ex policía de la Federal, que al mismo tiempo mantenía un contrato de trabajo en Educación, era un abogado cuyo currículum resultó aceptable para ser asesor de la jefa de su gabinete, Roxana Barroso, quien admitió ante el juez que en ocasiones lo consultaba, aunque no hay documentación por ahora que pruebe el desempeño del detenido, en el ministerio. Pero, además en Educación aseguran que el espía renunció porque iba a incorporarse a la Policía Metropolitana. Allí, admitió Montenegro, estaba preseleccionado, pero ese ministro refutó que estuviera decidido su ingreso.

Los dos ministros dieron sus versiones a Macri, el martes en ocasión de la reunión de gabinete. El de Educación insistió con su sorpresa de que James fuera empleado, dato que se conoció cuando Oyarbide encontró en el allanamiento del domicilio del espía implementos para pinchar teléfonos y contratos de servicios con el Gobierno porteño. Hasta ese día, el jueves de la semana pasada, cuando se difundió, los funcionarios de Macri negaban la vinculación con el Gobierno, que denunciaba entonces el legislador porteño Aníbal Ibarra.

Montenegro insistió con que James era un aspirante más, un desconocido para él, pero el jefe de la Policía porteña Osvaldo Chamorro ya le dijo a Oyarbide que James tenía prometido un cargo en la fuerza. Por otra parte, el imputado confirmó su relación con Jorge «Fino» Palacios, el ex jefe de la Policía de Macri, con quien trabajó en la Federal, pero no hay, en la investigación, elementos hasta ahora que apunten a que la contratación de James esté vinculada a Palacios. Por el contrario, el propio ministro de Educación le explicó a Macri que lo había recomendado el titular de la auditoría interna de su cartera, Roberto Ayub, quien también declaró ante Oyarbide.

Montenegro ayer dijo que el ex empleado porteño era una persona con «contactos» y remarcó que «era empleado de la Policía Federal hasta hace un mes y medio». Ese dato, aparentemente, no lo habría conocido Educación cuando firmó el contrato por unos $ 6.500 mensuales para que asesore a la jefa del gabinete de Narodowski.

«Yo no tengo ninguna vinculación con James», subrayó el ministro ante los micrófonos radiales y destacó que James «nunca tuvo ninguna participación en nada en el Ministerio de Justicia ni en la Policía Metropolitana». El ministro insistió con que el detenido era de la Policía Federal, intentando remitir su vinculación con el Gobierno nacional.

Dentro del PRO hay quienes aseguran que «está más complicado» Narodowski y, en cambio, quienes sostienen que es el ministro de Seguridad el próximo a quien llamaría Oyarbide.

Esos contrapuntos entre los funcionarios, por ahora, hacen callar a Macri, pero alimentan a la oposición que hoy presentará los proyectos de interpelación firmados por todos los bloques del antimacrismo, excepto que la Coalición Cívica rechaza la citación de Narodowski. Si bien no lograrán reunir los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas, el PRO piensa ofrecer la concurrencia de los ministros a las comisiones. Montenegro debe hacerlo el lunes próximo ante la Comisión de Presupuesto, para explicar sus proyectos 2010, pero anoche intentaban posponer esa cita por una semana, para evitar que el ministro se enfrente a los legisladores, que además lo observan por los gastos de su dependencia y ya lo han cuestionado por la designación de Palacios, actualmente procesado en el marco del caso AMIA.

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