Se dilatan cambios a la ley de alquileres: no hubo dictamen y se aleja sanción para 2023

El oficialismo quiere modificar el proyecto de Diputados y juega a partir a la oposición con guiño a la UCR, que anoche descartó dicha opción.

dureza. Ante posturas muy poco flexibles, los senadores pospusieron la firma de dictámenes sobre alquileres.

Un fuerte rechazo de representantes de inquilinos se sumó en las últimas horas a las pocas certezas de oficialismo y oposición, y el Senado pospuso ayer la firma de dictámenes sobre los cambios a la polémica ley de alquileres en las comisiones de Legislación General; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que continuarán con la discusión de la iniciativa el miércoles próximo.

Las fuerzas principales del Senado, es decir, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, tienen el mismo problema a la hora de analizar este tema: ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo durante estos días dentro de sus propios espacios.

De hecho, el oficialismo aprovechó la notoria falta de manejo político en la Cámara alta y operó la posibilidad de negociar con el radicalismo -lideran Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo, quienes deberán explicar a sus colegas esta situación, en medio de una campaña electoral-, como lo hicieron días atrás con un proyecto sobre alquileres temporarios. Algo así como tirar a la basura todo lo realizado por Mario Negri en Diputados. No obstante, anoche, y tras varias horas de idas y vueltas, el centenario partido reconoció que insistirá con la iniciativa original.

El proyecto de reforma aprobado el mes pasado en Diputados reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres entre cuatro -mínimo- a 12 meses -máximo- y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

Sobre ese tema, el texto establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa. A tales efectos, se sugiere aplicar el Indice de Precios al Consumidor (IPC), el Indice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Indice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices.

Uno de los primeros en exponer ayer fue el presidente de Inquilinos de Tandil, Juan Arrizabalaga, quien consideró que el proyecto es “una reforma pro mercado, pro rentistas, que ataca los tres puntos fundamentales más protectorios de la Ley”. Durante su disertación reconoció que, en la actualidad, es concejal de Unión por la Patria en su ciudad.

En tanto, en representación de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Bilansky enfatizó que “es necesario que haya un índice oficial conocido”, que “el fondo de comercio debería figurar en los contratos comerciales”, y que “habría que pensar algún tipo de extensión de tres a cinco años acordada previamente”. El último punto fue avalado por la legisladora camporista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). Más tarde, la comisión de Presupuesto y Hacienda continuó con el debate sobre el blindaje a créditos UVA: representantes de bancos resaltaron la baja mora en el pago y que todos los meses se suman nuevas familias al sistema criticado por la suba inflacionaria.