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Se enrarece toma de terrenos en Corrientes
Se multiplicaron esta semana las tomas de terrenos en la capital de Corrientes.
Los reclamos al Estado por falta de viviendas se agudizaron en los últimos días en medio de un clima de tensión política por fuertes cruces entre dirigentes de la oposición kirchnerista y el Gobierno radical de Ricardo Colombi. Hace diez días se concretó de manera masiva el asentamiento más grande de la provincia en el barrio Pirayuí, ubicado al sur de la Capital, cuando numerosas familias usurparon 32 hectáreas pertenecientes a dos empresas inmobiliarias de la ciudad.
Censo
La Justicia provincial, que lleva adelante una causa por la usurpación, reveló ayer -al terminar un censo con asistentes sociales- que en ese barrio habitan en carpas y pequeñas casillas de chapa y madera 681 familias, en su mayoría
de jóvenes de entre 25 y 35 años, con 3 hijos en promedio cada una, por lo que un total 2.043 personas sobreviven en el lugar.
El censo, que llegó a manos de la jueza de Instrucción, Norma Agrasso, reflejó también que entre las personas mayores hay amas de casa desocupadas, remiseros, electricistas, albañiles, enfermeros y hasta policías y agentes penitenciarios de la provincia.
En condiciones similares también otras 30 familias usurparon terrenos del barrio Esperanza, mientras que durante la semana se concretó otra toma de tierras con 200 familias en el Doctor Montaña; ambos casos se suman a otros 60 grupos familiares que permanecen desde hace más de un año en un asentamiento en el barrio Jardín, ubicado en la zona norte.
En total, se estima que en los cuatro barrios mencionados habitan 971 familias en las más precarias condiciones; las que están desde hace un año pudieron construir pequeñas casas con cemento y ladrillo y se conectaron clandestinamente a los servicios de luz eléctrica y agua potable.
Reparto
El titular del Instituto de Viviendas, Bernardo Rodríguez, reiteró las acusaciones contra el Gobierno nacional al sostener que «Corrientes es la provincia más perjudicada por el reparto discrecional del Plan Federal, por discriminación política».
En medio de esta conflictiva situación, reapareció el líder piquetero Raúl Castells, en apoyo a las familias del nuevo asentamiento y repartió culpas tanto para la Nación como para el Gobierno de Colombi.
Mientras tanto, la Justicia evalúa una resolución del conflicto por los nuevos asentamientos, aunque la jueza Agrasso dijo que no ordenará el desalojo violento de los ocupantes para evitar enfrentamientos con la Policía.
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