Se extendió a todo el país el efecto del Indoamericano

La Policía y los ocupas se cruzaron en una batalla campal en el predio de la empresa Ledesma.

La escalada de violencia tras el desalojo policial de un predio de una empresa azucarera

Ledesma en el interior jujeño, que tiene como saldo al menos tres muertos y decenas de heridos de gravedad, tiene dos fuertes antecedentes recientes: el trágico desalojo en noviembre de 2010 de indígenas qom de la comunidad La Primavera, en Formosa, que dejó dos muertos, tras una oleada de represión policial, y la toma del Parque Indoamericano, en diciembre pasado en la Ciudad de Buenos Aires, que también tuvo víctimas fatales y repercusiones en la escena política nacional. Ambos hechos contribuyeron a descubrir una realidad que azota al interior del país con virulencia, con copamientos que hoy se replican y reeditan en las puertas de las internas de agosto y la presidencial de octubre.

En Formosa, los tobas alegaron derechos históricos sobre la propiedad de la tierra y cortaron la Ruta 86, situación que la Policía reprimió con dureza. Luego, un grupo de indígenas vinieron a Buenos Aires a reclamar Justicia y la devolución de sus tierras, además de protección contra las fuerzas lideradas por el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán que presuntamente amenazan su territorio (que oficialmente dicen que pertenece a la Universidad de Formosa). En la avenida 9 de Julio acamparon durante cinco meses, hasta que llegaron a un acuerdo con el Gobierno nacional, en medio de presiones de las que también participaron integrantes de La Cámpora.

Corrupción

Así como estos casos, en otras 13 o 14 provincias se denunciaron desde fines de 2010 episodios similares «parte del efecto Villa Soldati», argumentaron al respecto algunos gobernadores.

Ese delicado escenario se dio a la luz de las concesiones de Cristina de Kirchner y Mauricio Macri para las familias y organizaciones territoriales que usurparon las tierras en Buenos Aires en reclamo de viviendas, en el marco de tensas horas marcadas por un virtual desgobierno.

Hoy por hoy, a la fuerte crisis habitacional se suman hechos de corrupción como el Caso de Sergio Schoklender, que con el amparo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, manejó un millonario plan de viviendas en seis provincias y en la Capital Federal.

Advertencia

En Córdoba, el peligro sigue latente desde principio de año, cuando desde la organización Tupac Amaru advirtieron que de no ver satisfechos sus reclamos de viviendas, desatarían nuevas ocupaciones.

En rigor, si la lupa se agranda también se percibe riesgosa agitación en otros distritos del norte del territorio, como estalló ayer en Jujuy.

Un caso emblemático se vivió en San Juan a fines del año pasado, donde policías y gendarmes desalojaron de manera pacífica, tras una orden judicial, a 70 familias que habían usurpado -y loteado- un predio del Regimiento de Infantería 22, en Marquesado. En ese caso, los usurpadores se retiraron del lugar tras ser recibidos por el gobernador José Luis Gioja -quien sostiene que en su gestión erradicó «63 villas»-, ser censados y obtener la promesa de que serán visitados por una asistente social que relevará cada caso en particular.