Se frenó dictamen por ley de jueces

Se alejó ayer la oposición de lograr un dictamen unificado en Diputados para modificar el Consejo de la Magistratura, con lo que el debate volvió a demorarse. La reforma al Consejo, que lanzó la oposición desde junio del año pasado como centro de la estrategia antikirchnerista, quedó ahora en medio de dos negociaciones que libran los bloques opositores y el oficialismo, cada uno por su lado.

Dentro del «grupo A», como se conoce a la oposición en Diputados, las diferencias para llegar a un dictamen unificado se centran en la integración del nuevo consejo. Desde el PRO y el peronismo disidente le exigen al radicalismo que, con número ampliado o sin él, la distribución de cargos para la oposición se haga en forma proporcional utilizando el sistema DHont, en lugar del reparto por mayoría y minoría que rige en la actualidad que hoy le garantiza al radicalismo los lugares para Ernesto Sanz y Oscar Aguad, y al kirchnerismo los de Nicolás Fernández, Marcelo Fuentes, Carlos Kunkel y Diana Conti.

En caso de que se reforme el sistema, el radicalismo debería ceder un lugar al peronismo no oficial, lo que intenta bloquear de cualquier forma.

La discusión que ayer terminó de trabar la posibilidad de un dictamen unificado se cruza con otra negociación que comenzó dentro de la oposición y que ya amenaza en convertirse en otra batalla: la reforma en el régimen de representación de mayorías y minorías en la Auditoría General de la Nación. En ese caso, la diferencia es más complicada aún. En la AGN, el primer partido de oposición tiene garantizada la presidencia, pero luego los auditores generales se distribuyen entre los partidos con representación parlamentaria. Hasta ahora, la regla que se aplicó es también la de mayoría y minoría, mientras que ahora el macrismo, el socialismo y el peronismo disidente quieren avanzar con un reparto proporcional.

De avanzar la reforma que está en estudio, allí el peronismo perdería una banca en el colegio de auditores.

Mientras tanto, el kirchnerismo avanza con su propio dictamen para el Consejo de la Magistratura, ahora intentando negociar cambios con la izquierda. En el fondo, el Gobierno impulsa allí el polémico sistema de exámenes a jueces cada cuatro años, defendiéndolo en que no existe otro caso en la administración de un cargo vitalicio como el de juez, pero sin modificar la actual integración del Consejo que le garantiza el veto al enjuiciamiento o la presentación de ternas para magistrados.

Con el socialismo, el kirchnerismo no tiene margen de maniobra, pero Agustín Rossi comenzará a recordarles la integración del Consejo de la Magistratura de Santa Fe, que ellos mismos aceptaron.