1 de septiembre 2010 - 00:00

Se roba en Capital y Bs. As. el 10% de la producción de autos

El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, dio datos sobre el robo de autos en la provincia de Buenos Aires en el Senado, donde se están tratando varios proyectos sobre seguridad.
El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, dio datos sobre el robo de autos en la provincia de Buenos Aires en el Senado, donde se están tratando varios proyectos sobre seguridad.
El Senado vivió ayer un duelo de cifras y estadísticas entre Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, y León Arslanian, que ocupó ese cargo durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y Felipe Solá. Todo giraba en torno al tratamiento en la Comisión de Justicia de varios proyectos sobre seguridad, pero en especial uno de Miguel Pichetto para prohibir la existencia de desarmaderos. De ahí que el robo de autos haya sido el centro de la discusión.

Lo fueran o no, los datos que tiró sobre la mesa Casal resultaron aterradores para los senadores presentes: «Más del 10% ciento de los vehículos que se fabrican por año en la Argentina son robados», dijo el ministro y abundó: «De los 700 mil vehículos que se fabrican en el país por año, el 5% es robado en Buenos Aires y si se toma todo el país, esa cifra debe superar el 10%».

Muy cerca estaba Arslanian, que, como era de esperar, intentó destruir el proyecto de Pichetto. Mientras, Casal halagaba al jefe de bloque kirchnerista con adulaciones como que el Gobierno de Daniel Scioli «está sumamente comprometido» con el proyecto o que «hay que ocuparse de los que encargan el delito y no sólo del binomio víctima-victimario».

«No podemos convalidar una práctica ilegal por el hecho de que a la gente le salga más barato, porque seguro que ese producto está manchado con sangre. Si no hay oferta, no va a haber demanda», dijo Casal.

Arslanian, por el contrario, protestó: «Se le impone una pena de 12 años de cárcel a la persona que compra legítimamente un automóvil usado y lo desguaza, habrá que buscar una alternativa. No es posible ponerle una pena a quien comercia con autopartes legales».

Se refería al artículo del proyecto que impone duras penas y que castiga con prisión de 4 a 12 años a quien viole la ley, y con 1 a 4 años a todo aquel que compre autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores.

Arslanian hasta tuvo tiempo para insistir con las teorías sobre el fin del derecho penal: «La ley penal ha tenido más fracasos que virtudes debido a que no sirve para prevenir, sino para castigar».

Para Pichetto, que se defendió después, la cuestión es también económica: «Los desarmaderos son uno de los grandes inventos argentinos. En los países desarrollados los autos van a parar a las compactadoras». Y agregó: «El espíritu es cómo terminamos con esta actividad ilícita que lesiona la industria nacional de los autopartistas que generan trabajo en blanco, con la hipocresía de los que se quejan de la inseguridad y después van a comprar a la calle Libertad, o a los negocios de Warnes».

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