Se votó ley antilavado: el país se aleja de sanción en el GAFI

El Senado convirtió en ley ayer el proyecto que modifica la legislación sobre lavado de dinero en el país tal como el Grupo de Acción Financiera Internacional le exigió a la Argentina en la última revisión de la situación del país. Con la votación de ayer, el Gobierno respira: llegará a tiempo para mostrar el avance en el plenario de ese organismo en México que comienza el 20 de junio. Pero la historia de los problemas argentinos con el combate al lavado no terminará aquí: el Senado aprobó una ley correctiva para salvar algunos errores que introdujeron en Diputados que ahora debe ir a esa cámara. Al mismo tiempo para el GAFI esta ley es el comienzo, pero no es aún suficiente. Reclamará que la Justicia actúe con más rapidez en estos casos, que sea efectiva (en los últimos 10 años existe sólo una condena por lavado) y que se legisle también sobre un tema que en esta ocasión se dejó a un costado: el castigo al financiamiento al terrorismo, que está incluido en el Código Penal, pero que el GAFI considera insuficiente.

Ayer el Senado aprobó la ley por 61 votos positivos contra 2 negativos. El proyecto tipifica el lavado de activos como delito autónomo dentro del Código Penal (primera exigencia del organismo internacional) y lo saca del título de «encubrimiento» de otros ilícitos, como estaba contemplado hasta ahora.

«Ya no sólo penalizamos a quien encubre el ilícito de otra persona que lava dinero, sino que también se pena el autolavado», relató ayer en la sesión la peronista federal Sonia Escudero, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Riesgo

El riesgo en este caso es que se termine sancionando la mera tenencia de fondos sin declarar, acción que si bien hasta ahora estaba castigada por evasión, quedaba afuera de la posibilidad de tipificarla como lavado.

La ley le da más facultades a la UIF para solicitar información a organismos públicos nacionales y a los sujetos obligados por la ley a suministrar datos.

En cuanto a montos, la tipificación del lavado parte de un movimiento sin justificar de $ 300.000, en lugar de los $ 50.000 actuales, aunque la UIF tendrá la facultad de determinar a partir de qué monto debe informar sobre movimientos financieros que resulten sospechosos.

Escudero estuvo encargada también de explicar en el recinto la situación del país frente al GAFI: «Nadie obligó al país a ser parte del organismo, fue una decisión de la política argentina. En la última revisión, se determinó que la Argentina cumple parcialmente o incumple 46 de las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, y el anterior ministro de Justicia nos decía que estaba todo perfecto, que no había riesgos de sanciones al país. Los riesgos de una sanción y la declaración de nuestro país como no cooperante, podría tener consecuencias serias para todo el sector productivo y financiero argentino», dijo.

Al final de la sesión, el radical mendocino Ernesto Sanz adelantó que votaría a favor de los dos proyectos de lavado, pero alertó: «La UIF tendrá una cantidad de facultades que la convierten en uno de los organismos con mayores atribuciones de investigación, casi más que la AFIP».