Senado: el oficialismo firmó el dictamen para pagarle al FMI con fondos “fugados”

Las comisiones de Legislación General, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta dejaron de lado la iniciativa sobre modificaciones al secreto fiscal para avanzar la semana próxima. Quieren invitar a autoridades del Banco Central y Economía.

El Frente de Todos firmó ayer un dictamen en las comisiones de Legislación General; y de Presupuesto y Hacienda del Senado para avanzar con el proyecto que busca pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos “fugados” y que se encuentren en el exterior. La oposición de Juntos por el Cambio rechazó el despacho y acusó al cristinismo de fomentar un blanqueo que será mucho más benévolo que la normativa vigente.

Durante la reunión, el senador cristinista Oscar Parrilli ratificó las modificaciones anunciadas en la tarde del martes -tras un vendaval de críticas de expositores-, y que contó Ámbito en su edición de ayer. Por un lado, el legislador neuquino rectificó que el fondo en cuestión será para cancelar deuda con el FMI, ya sea la presente y futura.

Por otra parte, anunció que se ampliarán las facultades de la AFIP para dictar procedimientos; que el monto que se deba pagar se cobrará en efectivo y en un plazo hasta 12 meses, en cuotas mensuales, para facilitar la percepción; y que se aplicará un guiño desde lo penal tributario y la evasión fiscal, pero para nada se contemplará -se especificará en el articulado- el lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico y otros ilícitos.

Además, los bancos serán agentes recaudadores, pero si en su jurisdicción de origen no colaboran, la AFIP podrá pedir al Banco Central que multe a la filial local. En tanto, el “colaborador” deberá siempre aportar información “veraz, confiable” y sincera para no difamar, y se creará un nuevo programa en el Ministerio de Justicia para garantizar el anonimato.

El monto mínimo para denunciar será de u$s500.000, para no activar mecanismos de persecución sobre la clase media, y los dólares a ser repatriados no podrán salir nunca de la economía nacional, ya que se necesitan para el funcionamiento local.

Quienes queden alcanzados por la eventual ley abonarán el 20% de sus bienes no declarados. El despacho también sostiene que, en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%. Para el caso del colaborador, la recompensa será del 30% de lo que se obtenga.

“Esto sigue siendo un blanqueo”, disparó el radical Martín Lousteau, quien agregó: “Trataremos al que tiene dinero en el exterior mejor que los que caen bajo la ley vigente, porque pagarán una cuarta parte que le deben al fisco”. Minutos antes su compañero de bancada, el riojano Julio Martínez, adelantaba el rechazo de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el usual aliado del oficialismo Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) manifestó que “cualquier acción del Estado que beneficie a quien incumplió la ley es polémica”, pero también dijo que “no hubo ningún Gobierno de ningún signo político que no haya usado esta herramienta”.

Sobre el final, el jefe del cristinismo -ahora partido en dos bancadas, aunque seguirá al frente del interbloque-, José Mayans, sostuvo: “Esto no va a resolver el problema. Es una herramienta más para pagar el desastre que dejaron, para que no pague el trabajador y sí los que la jodieron”.

Al inicio del encuentro, el plenario dejó de lado la iniciativa sobre modificaciones al secreto fiscal para avanzar la semana próxima. Los legisladores pretenden invitar a las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Economía. De todas formas, el futuro de ese segundo proyecto es un interrogante ya que técnicamente tiene aun mas cuestionamientos que el proyecto que ayer logró dictamen. Parrilli prometió igual avanzar.