Senado vota estatizar la Universidad de Madres. El costo es una incógnita

El edificio de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo pasará al Estado junto con los sueldos de profesores, no docentes, deudas, planes de estudio y garantías para los alumnos.

La Argentina contará dentro de poco con una nueva universidad nacional. No se trata de la apertura de alguna casa de estudios por gestión de intendentes del conurbano bonaerense, como sucedió en los últimos años. Esta vez, tal como lo votará hoy el Senado, se apelará a la creación del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo para disponer la estatización de la endeudada Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, una suerte de salvataje que quedará maquillado dentro de esa nueva institución.

Profesores, planes de estudio, no docentes, edificios y deudas que ningún senador podrá evaluar hoy en el recinto, ya que no existe una auditoría de corte, pasarán a depender del Estado, que comenzará a pagar todo el gasto. Ése, en el fondo, es un problema de impacto en la suba del ingobernable gasto público que justifica ahora al Gobierno en los considerandos del proyecto alegando la "ausencia" en el país de un Instituto Universitario de Derechos Humanos. Quizá la presión de Hebe de Bonafini por solucionar la situación financiera de su universidad a través de un instituto, que por otra parte deberá pasar también el filtro de la Coneau, le hizo olvidar al Gobierno que en las universidades nacionales de todo el país existen cátedras sobre derechos humanos e institutos específicos. Acaso un recorrido por la Facultad de Derecho de la UBA en la avenida Figueroa Alcorta aportaría claridad sobre esa cuestión.

Pero no es el único problema. Nadie en el Congreso, y tal vez tampoco en el Gobierno, sabe a ciencia cierta qué es lo que está asumiendo el Estado al quedarse con la Universidad de las Madres, si son los pasivos ocultos o contingentes, o los reclamos judiciales pendientes tanto de la era en que fue administrada por Sergio Schoklender como de lo que siguió tras la crisis en la institución.

Por eso, en el Senado esperan que hoy aparezca una auditoría de corte que aporte información a un debate que pasará a ser absolutamente político y nada técnico por culpa de la falta de datos.

El texto del proyecto tiene una flexibilidad total en relación con el proceso de estatización por el que el Gobierno se hará cargo de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo con el nacimiento del nuevo instituto. "Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a instar los cursos de acciones que resulten necesarios para instrumentar la transferencia de las carreras y los programas educativos de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, así como de los alumnos, personal docente, no docente, directivos, bienes muebles e inmuebles y derechos al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. La transferencia deberá realizarse asegurando a los alumnos la continuidad académica de los estudios, sin perjuicio de las modificaciones en planes y regímenes educativos a los que hubiere lugar en la nueva institución".

Habrá una comisión integrada por un representante del Ministerio de Justicia, otro del de Educación y uno de la Universidad Popular, con un rector, nombrado por los dos ministerios, que estará a cargo de la organización de la nueva institución. Y hay algo que la ley deja claro: independientemente de la endeblez que muestra la operación, el nuevo instituto deberá tener el tratamiento legal de cualquier otra universidad nacional.

En cuanto al financiamiento del costo que implica la transferencia de la Universidad de las Madres al Estado o los pasivos eventuales u ocultos que existan actualmente en la institución, tampoco hay demasiadas precisiones. Ése es el punto principal que estallará hoy en el recinto cuando se inicie el tratamiento de la ley.

Los radicales ya denunciaron que no se presentó una auditoría de corte de la situación de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo ni hubo intervención del Tribunal Nacional de Tasaciones. Es decir, existe una aproximación sobre los pasivos de la universidad que ronda los

$ 200 millones, pero no hay cálculos ciertos sobre qué juicios enfrenta, si hay demandas pendientes o deudas laborales.

"Todos los argentinos nos haremos cargo de un pasivo de casi 200 millones de pesos. Si buscamos conocer de dónde viene esa deuda de 200 millones, debemos tener en cuenta que Sergio Schoklender era el representante jurídico de la universidad", dijo ayer Ernesto Sanz.

Mauricio Macri, apremiado además por la gaffe que cometió Gabriela Michetti en la Comisión de Derechos y Garantías al cederle su lugar allí al kirchnerismo, hizo una advertencia similar: "Lo que ocurre hoy en la universidad se parece a lo que pasó antes con el proyecto de construcción de viviendas en sociedad con los hermanos Schoklender. Todos conocemos cómo terminó, relató en Córdoba. "Hubiese sido condición necesaria antes de proponer el tratamiento del proyecto realizar una profunda auditoría sobre la situación de la universidad y poner esa información a disposición de la gente. De todos modos, ese requisito no es suficiente para que PRO acompañe la iniciativa".

En la aproximación financiera al tema, en el proyecto sólo se establece que "las partidas presupuestarias para la creación y el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo surgirán de las reasignaciones correspondientes que realice el Poder Ejecutivo Nacional en el Presupuesto nacional del año 2013 (el proyecto fue presentado el año pasado) o, en su defecto, de las partidas que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente a la sanción de la presente ley". Queda claro que en cuanto a asunción del costo de la transferencia por parte del Estado, la flexibilidad de caja (como sucedió, por otra parte, con el resto de las estatizaciones que se realizaron) será absoluta.

Por si faltaba confirmación, el artículo 8 del proyecto, el último, define: "El Poder Ejecutivo asignará, por única vez, una partida presupuestaria para atender los gastos emergentes de la implementación del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo". De nuevo, ni rastro del costo que eso implicará ni, mucho menos, referencia alguna a una auditoría sobre su estado o intervención del Tribunal de Tasaciones.