Si funciona, entonces ¿para qué arreglarlo?

Enrique Blasco Garma (Economista)

Una frase popular en EE.UU. es: Si funciona, ¿para qué arreglarlo? En contraste, los proyectos de ley de entidades financieras presentados no apuntan a superar dificultades reales de los usuarios del sistema bancario sino a estructurarlo de acuerdo con sus deseos personales.

El sistema bancario argentino es el más pequeño del mundo en relación con el tamaño y el desarrollo de la economía, tanto que los argentinos tienen muchos más activos financieros en el exterior que en su propio país. En efecto, se estiman en unos 250.000 millones de dólares (un billón de pesos) los activos financieros externos de argentinos, contra depósitos privados de 185.000 millones de pesos en el sistema financiero local. Además, el público mantiene billetes y monedas nacionales por unos 100.000 millones de pesos. Los activos financieros de argentinos en el exterior multiplican por 3,6 veces los activos financieros privados en el país. Estas magnitudes se asientan en expectativas de casi nula devaluación, el peso respaldado con las considerables reservas internacionales del BCRA. Sin esa expectativa, los activos en el país serían menos valiosos.

Ningún otro país mantiene tantos activos en el exterior en relación con los activos financieros locales. Atento a lo determinante del crédito para la competencia, el desarrollo del conocimiento y los ingresos de una sociedad, la primera pregunta debiera ser: ¿Por qué tamaña desproporción? ¿Por qué tan poco crédito? ¿Por qué los activos argentinos y los bonos del Estado deben pagar tasas de interés tan disparatadas? ¿Por qué el riesgo-país es tan elevado?

Daños

La respuesta es sencilla. El Estado argentino ha dañado o devaluado los activos de sus ciudadanos durante demasiados años. Defaults en serie, pesificaciones y cambios forzosos de contratos, expropiaciones, topes de precios y de tasas de interés, inflación imprevisible, falta de transparencia. Esto no es gratuito. Los argentinos temen a las decisiones de sus funcionarios más que a las de otros países donde colocan la mayor parte de sus acreencias financieras. Tanto tememos a los funcionarios que preferimos mantener la mayor parte de nuestros activos financieros fuera de su alcance, en el exterior, aunque ganen bastante menos que en la Argentina. Tanto tememos la acción de los funcionarios que no soportaríamos el riesgo de que el BCRA tuviese la mayor parte de sus colocaciones en el país, que la base monetaria no tuviese el respaldo de divisas internacionales. La Fed o el Banco Central Europeo, en cambio, mantienen prácticamente la totalidad de sus activos en el ámbito nacional de su jurisdicción. Porque su gente confía en las decisiones de los funcionarios que han sido respetuosos de las propiedades privadas y no tienen más remedio que serlo, por el entramado jurídico, institucional e ideológico.

La mejor ley es la que vela por el cumplimiento de los contratos y expectativas, el fin último del Estado. Más que una nueva ley de entidades financieras, la Argentina requiere de funcionarios que cumplan las leyes existentes y defiendan las propiedades privadas, incluida la vida de las personas. El crédito es confianza, que se gana con promesas cumplidas.