Siguen apareciendo más espías

Norberto Oyarbide

El juez federal Norberto Oyarbide pidió ayer al Gobierno porteño que le remita las copias de los contratos de 20 ex oficiales del área de Inteligencia de la Policía Federal que, según admitió la semana pasada el ministro de Justicia y Seguridad, trabajan en su cartera.

Todos estos agentes habrían firmado un contrato por locación de servicios con una universidad nacional, a través del que habrían empezado a trabajar en el Gobierno porteño hasta que se resolviera su salida de la Policía Federal. Este tipo de contrato fue el mismo que firmó con el Ministerio de Educación porteño Ciro Gerardo James, principal imputado en la causa en la que se investigan las intervenciones supuestamente ilegales de los teléfonos del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA. Una delegación de la SIDE enviada por el magistrado a Misiones, donde se ordenaron las escuchas, está copiando esas grabaciones. Según informaron, hay 15 casetes con escuchas a Burstein y 167 CD de Ávila.

Además, ayer informaron al juzgado sobre la identificación de un tercer teléfono pinchado por un mes en 2007, perteneciente a la empresa de Ávila, Torneos y Competencias.

Dentro de la lista requerida por Oyarbide al Gobierno porteño se encuentran dos altos oficiales de la Policía Metropolitana: Roberto Ontivero, ex jefe de Inteligencia del Departamento de Drogas de la Policía Federal y ex jefe de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas y Delitos Complejos de la Policía Federal de la Triple Frontera (quien habría sido uno de los candidatos para ser jefe de Inteligencia de la Policía porteña), y Eduardo Orueta, superintendente de personal de la fuerza porteña.

Las computadoras de los dos oficiales fueron secuestradas durante el allanamiento que el juez ordenó sobre la Policía porteña, debido a que se registraron varios llamados entre estos oficiales y James, además de los ex jefes de la fuerza, Osvaldo Chamorro y Jorge Palacios. El caso de Ontivero presentaría otra complicación ya que, según informó el departamento de Asuntos Internos de la Federal, no habría tramitado su baja y estaría en disponibilidad en esa fuerza.

Todos estos datos serán cruzados con el otro informe que Oyarbide requirió el lunes pasado sobre 40 oficiales de Inteligencia federales que se habrían pasado a la Metropolitana. El juez pidió precisiones sobre su lugar de trabajo y tipo de contrato.