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Skanska: confirmaron embargo de $ 17 M
Norberto Oyarbide
La pesquisa por las supuestas irregularidades en dos contratos que el Gobierno le adjudicó a Skanska está dividida en dos: por un lado, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart investiga a la multinacional sueca y una serie de empresas que habrían emitido facturas truchas para esconder supuestos sobreprecios en estas obras; por otro, el juez Oyarbide está a cargo de la causa que indaga sobre la presunta responsabilidad penal de ex funcionarios kirchneristas en estos hechos ilícitos, así como la posibilidad de que estos sobreprecios escondieran el supuesto pago de sobornos.
En el marco de este segundo proceso se dispuso un millonario embargo preventivo a Skanska, lo que fue confirmado por la sala I de la Cámara Federal porteña.
Los integrantes del tribunal de alzada, Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, sostuvieron que «la traba de un embargo sobre los bienes de Skanska SA para asegurar el eventual decomiso del provecho del delito no se revela como la imposición anticipada de una pena», como había sostenido la defensa de la firma sueca en su escrito de apelación. Por el contrario, los camaristas consideraron que la medida de Oyarbide «tiende a asegurar la eventual aplicación del decomiso en caso de recaer sentencia de condena sobre los autores o partícipes que habrían actuado en su provecho como órganos, administradores o miembros».
Más allá de confirmar la decisión del juez, la Cámara no dejó pasar la oportunidad de indicar a Oyarbide que debe resolver la situación procesal de varios indagados en la pesquisa, en especial «de los miembros de Skanska SA respecto de los cuales sospecha su actuación en beneficio de la persona jurídica». También subrayó la necesidad de que el magistrado «adopte las medidas necesarias para que se presente el informe pericial que los apelantes han venido reclamando, no sólo para asumir una postura respetuosa de los derechos de las personas físicas y de aquellos de la de existencia ideal, sino también para procurar alcanzar los restantes fines del proceso penal». Este es el peritaje que dispuso el juez hace varios meses respecto de los costos para la ampliación de los dos gasoductos investigados.
El fallo de la Cámara se conoció días después de que Oyarbide dispusiera una nueva batería de medidas vinculadas con la llamada «ruta del dinero» que habrían seguido los pagos que realizó la empresa sueca.
El juez dispuso una serie de exhortos y allanamientos a Panamá y a Uruguay, para que informen sobre una serie de cuentas bancarias en las que habrían sido depositados los supuestos sobornos a los ex funcionarios kirchneristas ahora investigados.
Ordenó además el allanamiento de los domicilios de los tres imputados más importantes en la causa: el ex titular del ente oficial Enargas, Fulvio Madaro; el ex gerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa; y el contador Andrés Galera, acusado por el empresario Adrián López -otro imputado en el caso- de supuestamente haberle pedido facturas para justificar gastos de Skanska.


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