Sobornos: último golpe contra el arrepentido

Fernando de la Rúa y Alberto Flamarique

Conspiraciones entre espías, inquinas políticas e intrigas judiciales prometen dominar el segundo tramo de los alegatos finales en el juicio por los supuestos sobornos en el Senado durante la última administración de la UCR. La fiscalía y la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción ya han solicitado penas contra Fernando de la Rúa por presunto cohecho agravado.

La primera defensa en pronunciarse será la del arrepentido Mario Pontaquarto. Mientras tanto, el expresidente ya tiene preparado un descargo de alto voltaje político para cuando llegue su momento de hablar.

El alegato de la fiscal Sabrina Namer, que terminó el pasado jueves, generó dudas tanto entre los abogados defensores como en los jueces del Tribunal Oral Federal Número 3 donde se desarrolla el juicio. La fiscal dedicó horas a expresarse sobre los manejos económicos de la SIDE (desde donde, según dijo Pontaquarto, provenían los fondos para el pago de los presuntos sobornos para la aprobación de la reforma laboral). Orientó su alegato a la gestión administrativa del organismo y fue particularmente áspera con Fernando de Santibañes, pero en el momento de las penas, en el cierre de su intervención, omitió hablar de peculado, o sea, del manejo irregular de los fondos públicos.

Namer, que a lo largo del proceso protagonizó múltiples cruces con los jueces del tribunal, no se alejó demasiado de la línea de la querella, pero hizo especial hincapié en los supuestos indicios que habrían existido antes de la aparición de Pontaquarto. Detalles cuyo principal origen fueron notas periodísticas y declaraciones sobre la situación de la ley en el Senado. Un resultado con gusto a poco si se considera que tiene un equipo que duplica al de la Oficina Anticorrupción y que, en su mayoría, comulgan con las ideas de la corriente Justicia Legítima a pesar de que Namer nunca tuvo buena sintonía con Alejandra Gils Carbó.

Los abogados defensores han configurado tres grandes líneas de argumentación que dominarán su turno en los alegatos.

La primera es la tesis que vincula a Pontaquarto con una conspiración organizada desde la SIDE en la cual formaron parte el exjefe de gabinete Alberto Fernández con el exjefe del organismo Eduardo Acevedo. Esta visión también incluye al jefe de la Oficina Anticorrupción Julio Vitobello y al juez federal Daniel Rafecas, que llevó a cabo la instrucción. Los defensores hablarán de una táctica del primer Gobierno kirchnerista para irrumpir en el expediente y enviar un mensaje de batalla contra la corrupción o cruzada por la transparencia en la cual Pontaquarto juagaba un rol central en la causa de Rafecas. Un detalle: todos los testigos que atentaron contra el testimonio del secretario parlamentario terminaron procesados por el juez para luego ser sobreseídos.

El segundo camino es el de una supuesta guerra secreta entre Pontaquarto y quien era su protector y mentor político, el senador radical José Genoud, quien se suicidó años atrás, cuando padecía una enfermedad terminal. Los altercados entre ambos hombres, dirán los letrados, encontraban su epicentro en temas administrativos y en la situación económica de un arrepentido a quien en el juicio varios testigos tildaron de apostador y habitué de los juegos de azar.

Se trata de una línea para tener en cuenta, especialmente si se considera que los jueces del tribunal ya encontraron culpable a Pontaquarto en una causa por supuestas irregularidades con viáticos del Congreso.

La tercera alternativa, en algún punto menos política que las anteriores, está centrada en el expediente y en el convencimiento de que nada de lo que ha dicho Pontaquarto en las 15 veces que declaró pudo ser comprobado, comenzando por el encuentro en la Casa Rosada durante el cual, según su declaración, se acordó el pago de las supuestas coimas.

Respecto de los informes sobre las llamadas telefónicas de los acusados en los días previos a la aprobación de la reforma laboral, sus letrados podrán convalidar esos peritajes, no negarán las llamadas, pero estarán en condiciones de alegar que las conversaciones eran sobre temas instrascendentes.

Finalizado el primer tramo de alegatos, Alberto Flamarique y el exsenador Ricardo Branda fueron los ganadores en el sentido de que ninguna de las partes acusadoras pidieron una pena contra ellos.