15 de octubre 2009 - 00:00

Sorpresas en el juicio por “ñoquis”

El juicio por el caso de los supuestos «ñoquis» en el ex Concejo Deliberante empieza a mostrar sorpresas en el debate y en, según los testimonios que se presentaron, las audiencias de los últimos días. En estas sesiones surgieron por lo menos dos casos de personas que habían declarado, en un principio, no estar al tanto de tener contratos en el Legislativo porteño, para luego admitir no sólo que sabían de los contratos, sino haber utilizado servicios, como la obra social de los empleados del organismo.

Estos casos podrían complicar los fundamentos sostenidos por los fiscales de la causa, quienes habían basado gran parte de su acusación a todos los ex funcionarios imputados en el hecho, supuestamente comprobado, de que las personas que habrían sido contratados como «ñoquis» eran, en su mayoría, indigentes, jubilados, presos o personas que ni siquiera sabían que tenían un contrato con el Concejo porteño.

Diferencias


La presencia de los supuestos testigos, quienes admitieron en las últimas audiencias ser militantes de un concejal o conocer su estado de contratación, podría empezar a marcar diferencias en las imputaciones de los más de 30 ex funcionarios y ex concejales de diferentes partidos políticos, acusados de contrataciones irregulares. Los integrantes del Tribunal Oral Criminal N°16, María Cristina Bertola, Gustavo Roffrano y Hugo Cataldi, deberán pronunciarse sobre estos cargos a finales de noviembre próximo.

La causa se inició en 1996 tras una denuncia del ya fallecido abogado Juan Carlos Iglesias. El ex presidente Fernando de la Rúa estuvo involucrado al inicio de la investigación, pero la causa en su contra fue declarada prescripta en abril pasado. El caso en manos del juez de Instrucción porteño Alberto Baños fue elevado a juicio oral en mayo de 2007, pero varios de los imputados plantearon la prescripción de sus respectivos expedientes y estos recursos retrasaron el proceso. Algunos imputados, como el ex concejal Eliseo Roselló, ya acordaron una pena de dos años de cárcel mediante un juicio abreviado, aunque el Tribunal recién se expedirá sobre su situación una vez finalizadas las audiencias.

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