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Sta. Fe: leyes clave antidelito, frenadas por mezquindades
“La unidad está por arriba de cualquier cuestión”, aseguró Daniel Scioli en la Legislatura santafesina.
La historia de la Policía Judicial comenzó antes de finalizar 2013, cuando se realizaban los preparativos para activar el nuevo Código Procesal Penal, que rige en Santa Fe desde el 10 de febrero último.
En concreto, tras la sanción de la ley que creaba el Órgano de Investigaciones, el gobernador socialista, Antonio Bonfatti, vetó de manera parcial o total 40 de los 57 artículos que involucraba la norma, que le quitaba el estudio de los delitos complejos a la Policía santafesina y la delegaba en el grupo de fiscales del Ministerio Público de Acusación, algo acordado y votado por todos los bloques legislativos.
Al argumentar los vetos, Bonfatti señaló que el Poder Legislativo no puede, "más allá de sus facultades en materia de organización y procedimientos judiciales, pretender injerencia en los cometidos constitucionales del Poder Judicial, estableciendo pautas de cómo debe efectuarse la interpretación de las leyes".
Durante el transcurso de este año, la Cámara de Diputados de la provincia unificó varias iniciativas de ley y aprobó un proyecto que giró -hace más de dos meses- al Senado. Sobre ése pidió de Olazábal celeridad. Sin embargo, las mezquindades entre oficialismo y oposición -el justicialismo tiene mayoría en la Legislatura- es el principal freno a la sanción de iniciativas.
Al término de la reunión realizada ayer, Henn manifestó: "Soy un convencido de que los problemas hay que reconocerlos y enfrentarlos para solucionarlos; somos conscientes de que la gente está demandando cambios".
En cuanto al proyecto en ciernes, el vicegobernador dijo que "los legisladores asumieron el compromiso de aprobarlo de acá a una semana o dos".
De recibir alguna modificación, la iniciativa deberá volver en revisión a Diputados, lo que retrasaría aún más su sanción definitiva. Además, después vendrá la reglamentación de la ley, que deberá aceptar Bonfatti, que podría generar un nuevo choque de razonamientos parecidos a los del año pasado, cuando vetó la ley original de Policía Judicial.
En el cónclave de ayer, las partes también consensuaron colaborar con reformas a las normas que rigen el nuevo sistema penal, sobre todo en materia de allanamientos.
Una de las principales quejas realizadas apuntó contra los detallados requisitos que exige la ley sobre los objetos a allanar, que retardan en demasía los procedimientos.


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