Stornelli apela desafuero y prisión a De Vido: Cámara define indagatoria

Fiscalía insistirá en dictamen rechazado por el juez Rodríguez. Actual intervención prorrogó y presupuestó los cuestionados convenios con universidades. Obra de Río Turbio, con falencias de origen, suma detención total.

Ratificación. Dentro del complejo expediente por la firma de múltiples convenios se encuentra la “ratificación y prosecución” de los acuerdos con las universidades -entre ellas la UTN- autorizados y presupuestados por el actual interventor Omar Zeidán

El fiscal federal Carlos Stornelli apelará en las próximas horas a la Cámara Federal la tajante decisión del juez Luis Rodríguez de denegar el desafuero, la detención y la indagatoria tanto de Julio De Vido como del resto de los 23 implicados en la presunta maniobra de desvío de fondos en Río Turbio. El fiscal presentará sus argumentos en línea con su rechazo a la eximición de prisión que plantearon los imputados que no estaban protegidos por los fueros parlamentarios. Será ese Tribunal el que defina la situación del exministro de Planificación y reviva o aplaque el debate en el Congreso acerca de derogar su protección. Es posible que apenas se sortee una Sala, se recomiende su indagatoria, antes o después de encargar una pericia exhaustiva sobre los millonarios contratos firmados para desarrollar obras en torno a la mina, denunciados como irregulares desde el año pasado.

Stornelli buscará esquivar la desautorización de Rodríguez a su pedido, mientras la causa continúe en secreto de sumario a la espera de medidas que adopte el juzgado. La sorpresa es que anexado al expediente que está bajo la órbita del juez, se encuentra un explícito aval a la continuidad y ejecución de los convenios suscriptos por el kirchnerismo, pero ya durante la actual gestión de Omar Zeidán, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) sobre el que se pronunció Stornelli. Por esto, Zeidán ya había sido imputado el año pasado tras los allanamientos a YCRT y a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) practicados por el magistrado. Para más complejidad, el expediente Río Turbio tiene contra denuncias por contrataciones contra el actual interventor. El iniciador a través de una auto denuncia del expediente fue el exgerente financiero de YCRT, Miguel Ángel Larregina, histórico en la compañía hasta su desplazamiento, ordenado por la actual gestión.

Precisamente, el año pasado se prorrogaron, presupuestaron y aprobaron parte de los acuerdos firmados con la UTN, que motivó los pedidos de detención de la fiscalía para los acusados. En la nota YCRT 464/2016 del 18 de Febrero de 2016, dirigida al Secretario de Minería, Daniel Meilán (dependiente de Juan José Aranguren), Zeidán ligado al diputado radical santacruceño Eduardo Costa- elevó el presupuesto para el ejercicio del año pasado con el proyecto de resolución para Río Turbio con el plan de acción y anexos. En esa resolución en el artículo 2 aseguró: "Apruébese el presupuesto del ejercicio 2016 de acuerdo al detalle que figura en los anexos 1 y 2". En el folio 32, Zeidán agregó la planilla "Ejecución de proyectos de inversión que inciden en ejercicios futuros", incluyendo como último ítem el proyecto denominado "Convenios UTN-caliza-cañerías-trenes" en el cual se solicitó para el año pasado y para este año una suma de $1.221.073,197 para cada período, lo que totaliza más $2200 millones. En el mismo documento que extiende parte del acuerdo sospechoso, pero en el folio 34, Zeidán indicó bajo el título "rentabilidad y resultados" un apartado en el que se agregó: "motivo por el cual se justifica la ratificación y prosecución de los convenios firmados por las universidades: Tecnológica Nacional, y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires". La ausencia de control administrativo de esos convenios es parte de la actual acusación.

Un folio más adelante, bajo el título "Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado" se volvió a ratificar la intermediación de la UTN para asegurar la "sustentabilidad" del proyecto minero. La defensa de los acusados ya esgrimió como prueba de descargo un avance de informe de la SIGEN que no había hecho observaciones. En cambio, el informe completo también oficial- forma parte de las conclusiones sobre las que se apoyó Stornelli. La Auditoría General de la Nación (AGN) también se pronunció sobre los convenios que fueron auditados bajo la conducción del radical Horacio Pernasetti. Tras su salida de la AGN, en diciembre de 2015, fue contratado por 6 meses por la actual gestión de YCRT como auditor externo.

La detención de la única caldera que funcionaba para alimentar la usina traerá aparejado un daño calculable en millones de pesos, y quizás, irreparable. Se sumará a los problemas técnicos que la obra traía de arrastre del proyecto original que contemplaba que Isolux-Corsan construyera dos hornos que garantizaran funcionamiento constante para la quema de carbón de piedra. El "lecho fluido" requería la instalación de dos hornos especiales para que no se detenga la producción, dado que tampoco se alcanzaba la cantidad de carbón para alimentar a la central, lo que motivó el parche del traslado de gas como complemento. Uno de los cuestionamientos sobre Isolux en concurso de acreedores en España- es que conocía todas estas deficiencias de antemano.

En el fondo político de la causa judicial, la discusión también continúa siendo tras bambalinas. El Gobierno repatrió a uno de los principales hombres que puede lubricar su relación con los tribunales federales. El levantamiento del castigo no solo tuvo como consecuencia inmediata la jugada de Stornelli, sino también la sorpresa de otro de los hombres fuertes en materia judicial que volaba por debajo del radar para no volver a ser fulminado por Elisa Carrió. La decisión de Rodríguez de habilitar una investigación aparte para determinar si Stornelli filtró a la prensa su explosivo dictamen será un nuevo capítulo donde se dirimirá esa interna. La atención se centrará sobre el juez Marcelo Martínez De Giorgi.