Stornelli ensaya un giro para durar como ministro

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Carlos Stornelli manoteó ayer un antiguo libreto para tratar, en medio de la crisis del caso Pomar, de recuperar oxígeno: denunció una maniobra de sectores de la Policía Bonaerense, activos y retirados, con el objetivo de desestabilizar su gestión en Seguridad.

Usó un recurso inédito: radicó una denuncia en la Justicia penal, ante el fiscal de La Plata Marcelo Romero, para pedir que se investiguen presuntas acciones «desestabilizadoras» que, deslizó, explicarían la ola de crímenes ocurridos en los últimos días.

Golpeado por el caso Pomar, que derivó en el descabezamiento de parte de la cúpula de la Bonaerense, pero acechado para que por ese episodio también caiga algún funcionario político -se apunta a Paul Starc, su segundo-, Stornelli ensaya un giro a lo Arslanian.

Su antecesor, León Carlos Arslanian, que fue ministro de Eduardo Duhalde y de Felipe Solá, encabezó sus reformas de la Policía sobre el eje de la corrupción estructural en la fuerza. Por eso aplicó purgas sistemáticas y recurrentes que Stornelli, a dúo con Daniel Scioli, archivaron.

Luego de transmitir un criterio de apoyo a los uniformados, Stornelli -de formación judicial- recurrió a la Justicia para que investigue la presunta participación de policías, ex policías y funcionarios en lo que define como una «maniobra» para perjudicarlo.

Herida mortal

«Evidentemente, la materialización de las modificaciones señaladas ha herido de muerte a intereses sensibles y espurios que, al saberse irrecuperables ante la gestión actual, buscan con maniobras desestabilizadoras cambiar la gestión ministerial en aras de reinstalar acciones irregulares en busca de beneficios patrimoniales», precisó.

En el escrito a Romero, el ministro solicitó que se avance en una pesquisa para «romper con la cadena de corrupción».

En concreto, Stornelli se refirió al cambio de autoridades que ejecutó a mediados de noviembre en la Dirección para la Prevención del Delito Automotor, de la que relevó a jefes, subjefes, jefes de operaciones y de Judiciales, además de titular de plantas y unos 15 peritos.

En la misma línea, Stornelli dispuso una serie de medidas para evitar irregularidades administrativas y reforzó los controles internos sobre el área para «evitar que se pudiera 'legalizar un auto de procedencia espuria».

Esas medidas, según el criterio de Stornelli, fueron las que generaron malestar en policías y ex policías y, a raíz de ese descontento -entiende el ministro- se habrían precipitado una serie de hechos violentos con asesinatos a quemarropa.

En concreto, se refiere a tres hechos puntuales: los crímenes de la arquitecta y catequista Renata Toscano, de 43 años, quien fue asesinada a balazos en Quilmes; de la docente Sandra Almirón, de 37 años, de Derqui, y de la bioquímica Ana María Castro, también muerta de un disparo en Lanús Oeste.

A su vez, desde el Gobierno se aseguró que las manifestaciones contra la inseguridad tuvieron «motivaciones políticas». El jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, le puso nombre y apellido: responsabilizó por eso al diputado nacional Francisco de Narváez.

Al respecto, el gobernador sostuvo que se está «ante brutales crímenes que comparten características muy particulares; son episodios llamativos por la frecuencia en la que se dieron y especialmente porque las víctimas eran mujeres».

Además, respaldó la presentación de Stornelli y afirmó que el ministro cree que puede existir «malestar a partir de la reforma en el área de robo de automotores, que pueda haber generado reacciones».

Lo del ministro se parece, en ese marco, a una fuga hacia adelante en medio de los rumores de posibles movimientos en la cúpula del área de Seguridad.

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