Surgen primeros apremios por la falta de crédito

Cristina de Kirchner

TGN es la empresa dedicada al transporte de gas por gasoductos de alta presión en el centro y norte del país desde 1992. También desde mediados de la década del 90 amplió su red con gasoductos a Chile, a Uruguay e incluso a Brasil, en un proyecto que todavía está inconcluso.
Techint y, a través de ella, TGN fueron también impulsores del Gasoducto del Nordeste, una obra casi emblemática para el Gobierno de Néstor Kirchner, que terminó postergándose sin fecha, debido a la imposibilidad de Bolivia para incrementar la extracción de gas y aumentar las ventas a la Argentina. Pero el negocio de la exportación a los países vecinos se redujo debido a la falta de gas para cubrir la demanda interna y la imposibilidad de reponer reservas.
También la empresa mantiene congeladas las tarifas desde 1999, debido a que uno de los accionistas minoritarios, la estadounidense CMS que no está en el grupo de control, que es Gasinvest, inició un juicio contra el Estado nacional en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, y ganó una indemnización de u$s 135 millones, que hoy es apelada por el Gobierno. CMS vendió en 2007 a otra empresa americana (Blue Ridge Investments) su participación en TGN y le transfirió el juicio. Total, otro de los accionistas, también tiene juicio contra el Estado.
El Gobierno de Néstor y después de Cristina Kirchner no renegoció por ahora la mayoría de los contratos de las privatizadas que se suspendieron en 2002 con la Ley de Emergencia. Lo que hicieron ambos Gobiernos es pactar actas transitorias con subas de tarifas, para las cuales la condición fue la suspensión o la renuncia a los juicios iniciados en sede internacional.
Expertos en el tema creen que con la deuda que arrastra, las tarifas congeladas y la reducción de las exportaciones, además del fracaso del Gasoducto del Nordeste, TGN es hoy una empresa inviable y con pocas perspectivas de dejar de serlo. Se sospecha que el Gobierno está al tanto de esto, y por supuesto, también de que las circunstancias actuales del mercado financiero internacional hacen casi imposible la reestructuración de pasivos empresarios en condiciones accesibles, sobre todo a firmas argentinas, y más con tarifas congeladas. Por eso, la intervención dispuesta ayer no se sabe qué propósito final tiene. Si es un mensaje para que otras empresas sean cuidadosas antes de entrar en default, también podría significar que el Estado no puede dejar caer empresas que prestan servicios públicos esenciales.
Pero tampoco podría hacerse cargo de las deudas que las empresas de servicios no puedan pagar, o las de otras compañías en nombre de mantener los puestos de trabajo y el nivel de actividad. El mensaje, más allá de otras especulaciones que pueden hacerse, sería en realidad que el Gobierno por el momento no sabe qué hacer con lo que puede venírsele encima, y se toma 120 días para tomar una decisión.
Un dato llamativo es que el interventor nombrado en TGN es un hombre que proviene de la Unión Industrial Argentina (UIA), y como tal, difícilmente sea poco amigable con TGN y con Techint.
Si a esto se agrega que la empresa le habría pedido al Gobierno una mano para reestructurar pasivos, se abre alguna suspicacia.